Indemnización de 2,8 millones por el ruido de los bares

El Tribunal Supremo ha condenado al Ayuntamiento de Vélez-Málaga a pagar 2,8 millones de euros a 18 vecinos que viven junto a una zona de bares por el ruido que sufrieron entre 1990 y 2003.

La sentencia, contra la que no cabe recurso, asegura que el Consistorio toleró la actividad de locales sin licencia para música, sin respetar el límite de contaminación acústica ni el horario de cierre. El Ayuntamiento deberá desembolsar más de 4,5 millones en total, ya que deberá costear el largo proceso judicial y pagar también por los problemas de ruidos registrados desde 2003 hasta que se ha dictado la sentencia.

Las familias afectadas viven en la urbanización Ipanema y, durante años, sufrieron el alboroto generado por el trasiego de gente a una veintena de bares abiertos hasta altas horas de la madrugada en la zona de ocio de El Copo.

Un perito y un notario constataron más de 120 decibelios en el interior de las viviendas, cuando el máximo permitido es 30. La mayoría de afectados son veraneantes y proceden de Granada, Córdoba, Bilbao y Madrid.

José Antonio Siles, uno de los 18 implicados en la batalla judicial, se muestra contento "no por el dinero, sino porque la sentencia exige que se acabe de una vez por todas con el ruido". "Le está muy bien empleado al alcalde por no habernos hecho caso y seguir dejando esto al libre albedrío", comenta.

Responsabilidad

Siles explica que él y sus vecinos presentaron más de 300 escritos a los concejales, y pidieron ayuda durante todos estos años a la Junta de Andalucía, al Defensor del Pueblo Andaluz y hasta a la Casa Real. "La contestación siempre fue la misma: a quien compete la solución es a la Alcaldía", añade, mientras de fondo suena a todo trapo un grupo de rock que ensaya en uno de los bares.

El alcalde, Delgado Bonilla (PP), pidió ayer perdón a los afectados por "la irresponsabilidad y la negligencia del Ayuntamiento". El alcalde señaló que la responsabilidad es "en exclusiva" del PSOE, que, salvo en 11 meses de gobierno popular a mediados de los noventa, ha gobernado en Vélez desde que se instauró la democracia.

Bonilla anunció que no descarta exigir responsabilidad patrimonial a los anteriores dirigentes, en referencias al ex alcalde socialista Antonio Souvirón.