42.000 años por 17 líneas

Eduardo García Peña ha demostrado ser un buen abogado. Consiguió la absolución de los hermanos Brahim y Mohamed Moussaten, sobrinos de Youssef Belhadj, y ahora se ha hecho cargo de la defensa de Jamal Zougam, condenado a 42.000 años de cárcel como autor material de los atentados. Zougam renunció a su anterior abogado -inspirador de artificiosas triquiñuelas, como la del famoso programador de lavadoras al que convirtió en el segurtasun tenporizadorea, un temporizador de bombas fabricado por ETA, y que defendía la participación de la banda terrorista en los atentados- y fichó a García Peña.

Su recurso, basado en exprimir los puntos flacos de la sentencia desde el punto de vista jurídico, es magnífico y tiene alguna posibilidad de prosperar, al menos en parte. El letrado sostiene que los testigos que vieron en los trenes a Zougam sólo pudieron identificarle porque su foto había sido ampliamente difundida por la policía y los medios de comunicación.

El recurso pasa por alto que los teléfonos utilizados por los terroristas salieron de la tienda de Zougam, o que uno de los testigos identificó al condenado antes de que la foto fuera publicada en la prensa o emitida por la televisión. Sin embargo, García Peña desmenuzó las contradicciones existentes en las declaraciones de dos de las testigos y señaló que los reconocimientos en rueda no se hicieron con todas las garantías procesales, puesto que los cinco que acompañaban a Zougam tenían muy poco pelo, mientras que el yihadista tenía una frondosa melena que casi le llegaba a los hombros, por lo que era fácilmente identificable.

El letrado afirmó que el tribunal debía considerar que los reconocimientos de los testigos eran débiles, porque añadió 17 líneas de indicios que han servido para condenarle a 42.000 años. Pues bien, García Peña alega que esos indicios son irrelevantes y que el tribunal parte de premisas falsas y no razona por qué esos indicios son importantes.