El tripartito cifra en 109 las víctimas de policías, ultras y GAL

Una ley y una oficina de atención específicas, además de una ponencia parlamentaria, es lo que ayer propuso el Gobierno vasco ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara autonómica para los 109 muertos y 538 heridos en que cifró las víctimas de acciones policiales, parapoliciales o de grupos de extrema derecha en Euskadi.

El informe expuesto por el director de Derechos Humanos, Jon Landa, fue recibido con indignación y acusaciones de equidistancia y falta de rigor por el PSE-EE y el PP, tan sólo cinco días después de que el Parlamento vasco aprobara la Ley de Víctimas del Terrorismo.

Sólo EA, partido responsable del Departamento de Justicia, del que depende Landa, y Aralar respaldaron inequívocamente la iniciativa. El PNV pidió tiempo para analizar los casos con detenimiento. El informe ha suscitado división en el Ejecutivo vasco, sobre todo con la dirección de Víctimas del Terrorismo, aunque ayer Landa desveló que recibió el visto bueno del Consejo de Gobierno.

El informe recoge casos de fallecidos por torturas en comisaría o tras su paso por ella, en controles de carretera, en altercados de agentes policiales fuera de servicio y en manifestaciones reprimidas. Todo ello desde 1968 y sobre todo en los años 70 y 80. Atribuye 82 muertos y 344 heridos a las Fuerzas de Seguridad del Estado y 72 muertos y 273 heridos a grupos ultraderechistas y parapoliciales.

La directora de Víctimas del Terrorismo, Maixabel Lasa, cifró en 66 asesinados y 63 heridos las víctimas de 74 atentados de los GAL, Batallón Vasco Español, Triple A y otros. Lasa admitió la existencia de "espacios de impunidad" y pidió un plan "para llegar a esas víctimas". En la mitad de los casos recibieron las ayudas previstas en la Ley de Víctimas de 1999, explicó.