Romeu pide al Gobierno que haga algo en el 'caso Fabra'

El candidato a la secretaría general del PSPV Francesc Romeu fue ayer rotundo en su planteamiento sobre el caso Fabra, que lleva más de cuatro años de diligencias previas y ha sufrido el paso de ocho jueces y cuatro fiscales. La demora en la investigación al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, por supuestos delitos contra la administración pública y un posible fraude fiscal debería haber sido abordada por el Gobierno, según expuso, a través del Fiscal General del Estado o de la Fiscalía Anticorrupción. "Si se tiene que archivar, que se archive", señaló el candidato, "pero lo que no puede ser es que se dé esa sensación de impunidad con tanto cambio de jueces", añadió. Romeu visitó ayer Castellón para dar a conocer las líneas de campaña en su carrera hacia la secretaría general de los socialistas valencianos y abordó el caso Fabra para exponer, sin tapujos, que el Gobierno debería haber actuado ya. "En un modelo avanzado democrático no se aceptaría el cambio de jueces que ha habido en este caso y, sobre todo, la imagen que se está dando, por lo que considero que desde el PSPV también se debería de haber exigido que se actúe", mantuvo.

"Desde el PSPV también se debería de haber exigido que se actúe"

Desde diciembre, el juzgado de Instrucción número 1 de Nules está ocupado por un sustituto, después de que la última titular solicitara su traslado. La vacante, previsiblemente, será ocupada en julio. Después de casi cuatro meses, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aún no ha tratado la queja de la Unión de Consumidores (UCE), personada como acusación popular, que reclamaba medidas para evitar los sucesivos cambios de jueces. En julio de 2005, tras poco más de un año de instrucción del caso, la acusación ya formuló una reclamación ante el continuo cambio de jueces. En aquella ocasión, el Consejo sólo apeló a la legalidad de los nombramientos. Ahora, la UCE solicita al Consejo que "adopte medidas para lograr una continuidad en un asunto cuya trascendencia es notoria", para "evitar dilaciones que ponen en grave peligro la administración de justicia".