Incentivos en función de la calidad del trabajador

El Gobierno, especialmente el ex ministro de Administraciones Públicas Jordi Sevilla, se empeñó en dotar de prestigio al funcionariado y devolverle buena parte del poder adquisitivo perdido durante los Gobiernos del Partido Popular. Por ese motivo, desde el año 2005, las cantidades destinadas a pagar salarios de los empleados públicos han subido un 7,25% de media anual (debido a que ha aumentado el número de funcionarios,no a que los salarios hayan aumentado en esa cuantía). Las subidas salariales por trabajador se sitúan cerca del 4%, muy por encima del 2%, incluso de la congelación, que imperó durante el Gobierno anterior. Eso ha supuesto un incremento de gasto superior al de otras legislaturas.

Además de elevar los salarios, el Ejecutivo aprobó, con el acuerdo de los sindicatos, el Estatuto del Empleado Público. Este texto, en vigor desde marzo del año pasado, reconoce a los trabajadores el derecho a la negociación colectiva e implanta un sistema retributivo más flexible que el actual, con cabida para los incentivos en función de la calidad con que cada trabajador desempeñe su labor. El sistema se asemeja al que existe ya en la Agencia Tributaria.

El Estatuto crea también la figura del personal directivo, que pretende dotar de mayor atractivo salarial los altos cargos de la Administración para evitar que huyan a la empresa privada. Esta medida supone también un mayor gasto, pues contempla mayores retribuciones para los directivos públicos.

1.000 euros y 14 pagas

El mayor gasto derivará también del personal laboral, que representa alrededor del 6% de los empleados públicos. Ese personal, que no dispone de puesto fijo como los funcionarios ni se rige por el mismo esquema salarial, acaba de conquistar la categoría de mileurista.

Algunos de estos trabajadores disponían de salarios entre los 700 y los 800 euros al mes, por lo que a finales de 2007 se adoptó un acuerdo para que perciban un sueldo mínimo de 1.000 euros al mes en 14 pagas.

Otro cambio de la Administración que puede incidir en un aumento del gasto es la decisión de convertir en agencias buena parte de los organismos autónomos del Estado, como el Boletín Oficial de Estado (BOE), el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) o el Instituto Nacional de Meteorología.

Con esta nueva categoría, esos servicios tendrán más flexibilidad para contratar a altos cargos y para ligar parte del salario de los trabajadores a su rendimiento. A cambio, podrán vender algunos de sus servicios.