Medio millón de caución para paralizar las obras de la 'carretera de los pantanos'

Ecologistas en Acción ha conseguido una victoria a medias en su cruzada contra las obras de desdoblamiento de la carretera de los pantanos. El Tribunal Superior de Justicia ha fallado en un auto fechado el pasado 22 de mayo que el Gobierno regional debe "paralizar inmediatamente" las obras en ejecución provisional de una sentencia del mismo tribunal del 14 de febrero, que aún no es firme.

Pero también exige a la organización ecologista que abone casi medio millón de euros para llevarla a cabo. No es la primera vez. Ya recibieron la obligación de pagar una caución con los vertidos de Doñana o con la presa de Itoiz. Al no poder reunir el dinero, las obras continuaron. Tanto la Consejería de Transportes como Ecologistas en Acción anunciaron recursos, aunque por diferentes motivos. La primera porque no está de acuerdo con el fallo y cree que el importe establecido es "ridículo", según el consejero de Transportes, Manuel Lamela.

"Argumentaremos el interés en la defensa del medio ambiente y la falta de medios económicos, entre otras cosas", explicó Ángeles Nieto, portavoz de Ecologistas en Acción. Rechazan el pago de la caución, pero están satisfechos "porque el auto reitera lo que ya decía la sentencia y desestima, con argumentos muy duros para la Comunidad de Madrid, la justificación que daba de no parar las obras".

Según el auto, el Gobierno regional alega que ha procedido "espontáneamente" a cumplir el fallo anterior. "Si tal cosa hubiera ocurrido, la Administración habría procedido a desmantelar la nueva infraestructura o a detener su ejecución", puntualiza el tribunal. También considera que no bastaba con comunicar a la Comisión Europea su intención de subsanar el defecto de forma imputado: la falta de declaración de impacto ambiental.

Sin embargo, Lamela rebatió ayer el dictamen del tribunal, porque considera que si las obras han continuado es porque el mismo tribunal "se ha pronunciado ya varias veces en contra de la paralización". El consejero aseguró que las obras están a punto de terminar -"entre agosto y septiembre"- y consideró absurdo suspenderlas.

La oposición (PSOE e IU) también se felicitó ayer del auto. La portavoz de IU, Inés Sabanés, lo calificó de "varapalo a Aguirre", pidió a ésta que lo acate y afirmó que "pone en evidencia que actúa al margen de la ley, saltándose la normativa medioambiental". El diputado socialista Modesto Nolla recordó que, según el tribunal, la obra es ilegal y reprochó a Aguirre que se "resista a dar cumplimiento a la sentencia".