Vecinos de Lugo denuncian fallos en las viviendas sociales
Los vecinos del barrio lucense de A Ponte dieron un paso más en su lucha contra la adjudicación masiva de viviendas sociales a familias de etnia gitana en esta zona de la ciudad. Amenazaron con llegar a la vía penal si los inmuebles son habitados como se encuentran ahora al haber constatado deficiencias "muy graves" en su construcción y ubicación.
Uno de los portavoces vecinales, José Antonio Jubón, explicó que las 41 viviendas de A Ponte "no cumplen" con la normativa de habitabilidad ni reúnen las "mínimas" condiciones de salubridad. Los edificios están "totalmente pegados" en su parte posterior a un talud inestable de 25 metros, casi 15 más que la altura de los inmuebles, lo que se traduce en "un permanente riesgo para la seguridad estructural de los edificios y de sus habitantes".
"O no se ha tenido en cuenta el riesgo o la obra no está ejecutada según el proyecto", enfatizan los escritos remitidos al Ayuntamiento y a la delegación de Vivenda a modo de información y alegación, respectivamente, en los que también se apunta que la proximidad al talud hace que las ventanas de algunos dormitorios o cocinas estén a "menos" de dos metros del mismo.
Vía penal
En otro escrito enviado esta semana a la conselleira de Vivenda, Teresa Táboas, se advierte de que los vecinos de A Ponte "aportarán su granito de arena" contratando los servicios de arquitectos, geólogos y abogados para informarse sobre las vías legales a adoptar. Los vecinos comparten los esfuerzos de la consellería para mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas, pero dicen no entender "cómo por un lado se predica una cosa y por otro, la propia consellería hace lo contrario al entregar unas viviendas en estas condiciones".
Jubón anunció la "inmediata" remesa de más información a Vivenda y Ayuntamiento sobre las supuestas deficiencias de las viviendas, con la convicción de que es "imposible" otorgar una licencia de primera utilización en estas condiciones. En caso contrario, irán por la vía penal, porque "alguien tiene que tener alguna responsabilidad en todo esto", afirmó.
Hoy se reúnen en el Ayuntamiento de Lugo los representantes municipales, de la consellería de Vivenda, los vecinos afectados y las asociaciones que representan a la minoría gitana para buscar una solución al problema.
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