Juicio a una inmobiliaria por 'mobbing' en el Eixample

Las vigas de madera, los ladrillos y los cables colgando de algunos techos forman parte de la cotidianidad de los residentes de la finca del número 147 de la calle de Enric Granados de Barcelona desde hace tres años, poco después de que la inmobiliaria Inmuebles En Renta comprara el bloque y alegara problemas estructurales para hacer unas catas. Poco después la firma instó la declaración de ruina de todo el edificio para derribarlo y el Ayuntamiento la denegó. Una resolución que es firme. Desde entonces, los inquilinos intentan que la empresa realice las obras necesarias para evitar la degradación de sus viviendas y de todo el inmueble y evitar la ruina real de la finca y, en consecuencia, su expulsión. El caso llegará mañana a juicio, en el juzgado de primera instancia número 9 de Barcelona. Son un tipo de demandas no muy frecuentes. Para las inquilinas de las viviendas -quedan seis vecinos- está claro que se trata de un caso de mobbing. De las seis inquilinas, cinco tienen contratos de renta antigua y pagan una media de 150 euros al mes. "Mujeres solas, de cierta edad a quienes se nos supone especialmente débiles", resumía ayer Montserrat Berdeny en el comedor de su casa, con el techo destripado, como el resto del piso.

Órdenes desoídas

Las inquilinas se quejan de la actitud de la inmobiliaria y también del distrito. "Una cosa es que la empresa no quiera hacer las obras y otra, que la Administración no les obligue", añade Paquita Portella. Lo dice en su cocina, sin techo y con los cables colgando.

Intervenir, en realidad, el distrito del Eixample sí que ha intervenido, pero no de la manera que demandan las afectadas. Màxim López, gerente del distrito, explica que se les ha requerido que acondicionen tanto el interior de las viviendas con desperfectos como los elementos comunes de la finca, como cubiertas y conducciones de servicios. Y estos requerimientos que no han sido cumplidos. "Es que el apercibimiento de multas o sanciones -de un monto que no supera los 3.000 euros- no les supone nada en comparación con el coste de la reparación", argumenta el letrado de las inquilinas, Jordi Verdaguer. Y ése es, precisamente, otro de los puntos de conflicto. Para la inmobiliaria, según versión de las afectadas -la de la empresa no pudo ser recogida por este periódico- es de 600.000 euros. En opinión de un informe pericial encargado por el Ayuntamiento, la reparación que requiere el inmueble supondría un desembolso de 120.000 euros. Y, todavía, hay un tercer dictamen, encargado por las demandantes, que valora los trabajos en 60.000 euros.