El negocio de la escuela infantil

Lo que intuye cualquiera que haya visto a una familia devanarse los sesos buscando una plaza de escuela infantil para su hijo meses antes de que nazca, lo confirman las cifras. No hay suficientes plazas en España para cubrir la demanda, ni siquiera sumando las públicas y las privadas. Hay unas 351.000 y la demanda potencial es más del doble. Así, mientras el Gobierno recién elegido del PSOE no cumpla su promesa electoral de crear 300.000 puestos más, la oferta mayoritaria está en la privada, llegando a superar el 70% en Asturias, Baleares, Canarias y Madrid, según pone de manifiesto el informe de la Universidad de Vic Calidad de los servicios para la primera infancia y estimación de la demanda, encargado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Muchas familias se ven abocadas a guarderías ilegales, de bajo precio

El gasto alcanza el 19% del ingreso medio de un hogar en Canarias

Un informe que también ha sondeado lo que cuesta en cada comunidad esa oferta privada -las públicas no son gratuitas, pero se paga en función de la renta- a la que se ven abocadas la mayoría de las familias. El resultado es que las cuotas más caras están en Aragón (hasta 600 euros al mes, con comedor incluido) y Navarra (hasta 400), mientras que las más baratas están en Ceuta (100) y Extremadura (140), teniendo en cuenta que el informe no consiguió datos de Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y La Rioja. Éstos son los precios medios en uno de los estudios más completos que hay hasta la fecha, pero que conviene matizar.

Para empezar, el informe destaca que las enormes diferencias entre las comunidades se dan también dentro de cada región. Ésta es una de las razones por las que una comunidad como Madrid, donde el ingreso medio por hogar es el segundo más alto de España (27.700 euros anuales, según el INE, por detrás de Navarra) sea la cuarta más barata en precios de guarderías privadas. Irene Balaguer, directora del estudio, explica que en Madrid han proliferado las guarderías de baja calidad, que escapan al control de las administraciones y cuyas condiciones son directamente proporcionales al coste de las cuotas.

Las guarderías ilegales (el nombre de escuelas de educación infantil se reserva a los centros que cuiden su carácter educativo, algo que en realidad deberían hacer todos desde 1990), fuera del control de la Administración, existen en al menos 10 comunidades autónomas, según admiten sus propios gobiernos. Unos centros a los que se ven abocados los colectivos con menos recursos, sobre todo inmigrantes, ya que además tampoco pueden recurrir al apoyo de la red familiar.

El segundo matiz que hacer a los datos es cuánto supone ese gasto dentro de los ingresos medios de un hogar. Cruzando los datos del informe de Vic con la encuesta de condiciones de vida del INE, el gasto en guardería supone desde el 7% en Cantabria o el 7,5% en Madrid, hasta el 19% en Aragón o Canarias. En Andalucía, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Galicia y Navarra, el porcentaje oscila entre el 10% y el 13%. En Castilla y León llega al 16%.

Las medias de precios e ingresos probablemente no les digan nada a las familias que ganen más dinero, y lleven a enfado a las que tengan menos, pero las cifras dan pistas sobre el esfuerzo que suponen las guarderías infantiles para los hogares. De hecho, si se profundiza en la última encuesta sobre condiciones de vida parece claro que la escolarización de los menores de tres años es cuestión de dinero: el porcentaje de niños pequeños que está en escuelas infantiles o guarderías pasa del 41% entre los hogares que llegan a fin de mes con dificultad o cierta dificultad, al 46% entre las familias que llegan con cierta dificultad o cierta facilidad, y salta hasta el 61% entre los que llegan a fin de mes desahogados.

Para Carmen Ferrera, portavoz de directores de escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid, todos estos datos tienen una lectura muy clara: "Ante una necesidad importante de las familias se está haciendo negocio y por parte de las administraciones no se está haciendo lo suficiente para evitarlo. No sólo no se les está garantizando unos servicios de calidad, sino que tienen que hacer frente a unos precios que muchas veces no pueden pagar".

La educación infantil hasta tres años no es una etapa obligatoria ni gratuita, como les gusta recordar a muchas administraciones. Pero, además de una necesidad social para conciliar la vida personal y familiar, es una etapa fundamental para el desarrollo de los niños, como recuerdan distintos colectivos como la Plataforma por la Educación Infantil 0-6. Para muchos expertos, las únicas que pueden garantizar todo (una calidad suficiente a precios que las familias puedan pagar) son las escuelas públicas.

Pero si no hay suficientes, como es el caso, al menos que se garantice una calidad suficiente con unos mínimos comunes, lo que ahora no existe, según denuncia incansablemente la Plataforma por el 0-6.