Cirugía para Colombia

Colombia no ha hecho luz todavía sobre los vínculos de destacados políticos oficialistas con paramilitares y narcotraficantes. La parapolítica está en el origen de su mayor crisis en los últimos años y pasa una factura creciente al presidente Álvaro Uribe, que no descarta anticipar las elecciones. Pero también a la estabilidad institucional del país andino, con daños colaterales incluso en el Congreso estadounidense, donde influyentes grupos proderechos humanos contribuyen al bloqueo del acuerdo de libre comercio que Bogotá necesita desesperadamente.

El último y serio contratiempo para el presidente es el encarcelamiento de su primo y muy estrecho colaborador político Mario Uribe, pieza clave en la coalición gubernamental, acusado de tratos con los grupos de extrema derecha que sembraron el terror en Colombia en los años noventa con la excusa de combatir a las FARC. Para mayor inri, Mario intentó evitar su detención solicitando asilo en la Embajada de Costa Rica. Que el desmantelamiento hasta sus últimas consecuencias de los paramilitares colombianos no iba a ser una operación limpia estaba claro desde hace mucho tiempo. Cuando se juega a la guerra sucia, ésta acaba contaminándolo todo y salpicando a sus impulsores. Pero nunca hasta hoy el chapoteo había llegado tan cerca de la jefatura del Estado.

Bajo la batuta de Álvaro Uribe desde hace casi seis años, Colombia está ganando la guerra contra el terrorismo de las FARC, mientras crece a un 7% anual. El presidente, un aliado a ultranza de Estados Unidos en la zona -y vilipendiado por ello especialmente por sus vecinos Venezuela y Ecuador- mantiene elevadas cotas de popularidad. Pero su pacificación es ilusoria mientras se mantenga irresuelto el baldón de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia, que hasta su disolución en 2006, tras un pacto con el Gobierno, se jactaban de mantener lazos inconfesables con una buena parte de los parlamentarios del país.

La detención de Mario Uribe, última de un rosario de políticos relevantes, subraya la nula credibilidad del Congreso colombiano. Hasta el punto de que es inevitable preguntarse si puede sostenerse la legitimidad de un poder legislativo en el que un tercio de sus miembros, incluyendo al jefe del partido presidencial, o están encarcelados o son investigados por el Tribunal Supremo por sus conexiones secretas con asesinos y narcos.