La norma de calidad de los pisos entra en vigor pese al rechazo del sector

El decreto de las normas del hábitat gallego es un hecho. Tres meses después de que lo aprobara el Consello de la Xunta, y en medio del rechazo del sector, la norma de la Consellería de Vivienda entra hoy en vigor, con el respaldo expreso de última hora del presidente del Gobierno gallego, Emilio Pérez Touriño, que avaló el proyecto como propio y pidió a quienes lo rechazan que no generen alarmismo.

La consellería eleva un 83% la superficie mínima de las nuevas viviendas

Todas las viviendas cuya licencia se solicite a partir de hoy deberán cumplir unos requisitos mínimos de habitabilidad que mejoran los que estaban en vigor desde 1992. La superficie mínima de las viviendas pasa de 26 a 40 metros cuadrados, lo que supone un incremento del 83%. Esta medida es la más destacada, pero no la más polémica del proyecto de la conselleira nacionalista Teresa Táboas, que establece superficies mínimas de cada estancia.

De acuerdo con el decreto, todas las piezas vivideras (salón, cocina, comedor y dormitorios) deberán ser exteriores y, por tanto, contar con iluminación natural y relación directa con el exterior, con la excepción de una estancia, que podrá estar iluminada a través de un patio interior de al menos 16 metros cuadrados. Alguna de esas piezas contará con al menos una hora de sol directo al día en el mes de diciembre. El diseño de puertas y ventanas aparece definido, con requisitos como el de 45 centímetros de altura máxima de su parte inferior para estas últimas.

Los edificios se adaptarán al máximo al perfil natural del terreno, y su disposición, forma, materiales y colores tendrán que armonizar con los de su entorno. El decreto regula los espacios comunes de las viviendas. Todas sus determinaciones serán verificadas por los ayuntamientos.

Las críticas a la norma se extendieron ayer a la delegación profesional de Vigo de los arquitectos, que pidió una moratoria total del decreto. El Colegio de Galicia reclamó aclaraciones, mientras que el Colegio de Aparejadores de A Coruña abogó por la suspensión del proyecto. El PP, mientras, exigió más diálogo a la Xunta.