Despliegue policial para desalojar una granja en Alboraia

El urbanismo se comió ayer otro pedazo de la huerta valenciana. La Guardia Civil, escudos antidisturbios y porras por delante, se abrió paso en la explotación de la familia Gimeno Martí, cuyos miembros han criado ganado en esas tierras durante más de un siglo. Su granja se cruzó hace cinco años en el camino de un Programa de Actuación Integrada (PAI) de suelo industrial, y la operación desembocó ayer en el desalojo de las naves y con los animales cargados en camiones con destino al matadero. Varias decenas de agricultores, vecinos y amigos intentaron en vano impedir el paso de los camiones, custodiados por la Guardia Civil y la Policía Local de Alboraia. La bronca acabó con varios heridos.

El PAI impulsado por el grupo Lladró, que tiene justo al lado su fábrica, prevé abrir una vía en el terreno ocupado por la explotación de Gerardo Gimeno Martí, de 61 años. El ganadero recordaba ayer una niñez rodeado de campos y alquerías como la de su familia, la del Molí. "Han ido tirándolas y ahora quedamos dos o tres", se lamentó en su casa, que seguirá en pie, horas después de que se marcharan las fuerzas policiales y los camiones con 25 toros y vacas, varias de ellas "a 15 días de parir". "Esta granja es la vida de mi padre, se lo han quitado todo", protestó su hija Charo, de 19 años. La familia ha salvado cerdos y cuatro caballos que ha recolocado provisionalmente en una parcela junto a la casa.

El PAI declaró las naves ganaderas incompatibles con la actividad industrial. La familia Gimeno Martí asegura que el agente urbanizador prometió un traslado de la granja, pero al final se han fijado indemnizaciones que los afectados han recurrido. Según explicó Jesús Manuel Gil, abogado de los afectados, además de que la valoración de los bienes es muy baja, no se ha tenido en cuenta la indemnización por el cese de la actividad ganadera. El promotor del proyecto urbanístico ha consignado la indemnización por el ganado y las naves, pero el dinero no ha sido retirado, añadió el letrado.

El agente urbanizador contaba con permiso de paso hace un mes, pero la oposición de vecinos y de la familia impidió el desalojo. Ayer, la resolución se ejecutó con gran despliegue de las fuerzas de seguridad. "Han currado a algunos", denunció Gerardo Gimeno. Resignado ya a perder la granja, denunció que faltaba documentación para el traslado de los animales, una de las condiciones que impuso un juzgado para el desalojo. Y está por solucionar el acceso al agua potable de la casa, cuyo pozo está en la zona de las naves.