El Estado reclama en el juzgado 938 millones por daños del 'Prestige'

Cinco años y medio después de que el Prestige se fuera a pique, el Gobierno sigue añadiendo datos a la demanda civil por daños y perjuicios derivados de la marea negra que investiga el juzgado de Corcubión y que ya suma 938.233.071 euros. Las últimas partidas incorporadas por el abogado del Estado aluden al resarcimiento de las comunidades autónomas y ayuntamientos que hicieron frente a los vertidos, 163.746.801 euros, y a indemnizaciones a afectados que se tramitaron después de agosto de 2003, 67.162.998 euros, así como a la partida para pagar a Repsol el tratamiento de residuos líquidos recuperados en el mar, 896.532 euros. La tasación no incluye las indemnizaciones a particulares que no se acogieron a las ayudas del Gobierno (100 millones de euros, según fuentes cercanas a la investigación), ni los 97 millones que reclama el Estado francés y algunos ayuntamientos galos, también manchados por el fuel del petrolero.

La valoración del Gobierno debe ser refrendada todavía por técnicos independientes, dado que la tasación del Estado sólo puede considerarse como una lectura de una parte implicada.

En este sentido, la Fiscalía ha vuelto a requerir a la jueza que instruye el caso para que inste a la Xunta a realizar la pericial contable, principal prueba en un sumario que acumula 15.000 folios y cinco años de instrucción. El ministerio público acaba de presentar un contundente recurso contra la decisión de la juez de admitir a trámite una querella de Nunca Máis contra la clasificadora ABS que avaló la navegabilidad del viejo petrolero. El recurso reprocha a la juez que no aclare la imputación del delito, que no determine qué entiende por representante legal de ABS y que no defina la territorialidad de los hechos denunciados. Todos estos interrogantes, según el fiscal, "lejos de simplicarla, aboca al fracaso a la procelosa instrucción". El fiscal señala que la citación al representante de ABS en septiembre evidencia la dilación de la Justicia.