El fiscal pide cárcel para el alcalde de La Viñuela por prevaricación

Las docenas de casas diseminadas que se pueden ver desde la autovía A-7 en los montes de Viñuela (Málaga, 1.800 habitantes) y que fueron levantadas al margen de la legalidad comienzan a pasar factura al alcalde de la localidad, Juan Millán (PSOE). La Fiscalía de Málaga solicita 18 meses de prisión y 17 años de inhabilitación especial para cargo público para Millán como presunto autor de tres delitos de prevaricación, uno de ellos continuado. Según el ministerio público, Millán concedió en 2001 y 2003 tres licencias de obra para construir sendas viviendas unifamiliares a sabiendas de que los terrenos no eran urbanizables al estar ubicados dentro de la zona de protección del embalse de La Viñuela.

No es la primera vez que el regidor de esta localidad de la Axarquía, en la que se han establecido numerosos extranjeros ansiosos de sol y vida tranquila, se enfrenta a problemas por su controvertida gestión urbanística. El último jalón lo puso el pasado septiembre, cuando aprobó el Plan General de Ordenación Urbana de la localidad recurriendo al silencio administrativo de la Junta de Andalucía. Para realizar la aprobación del PGOU, Millán ignoró resoluciones de la Consejería de Obras Públicas que demuestran además que no existió el silencio administrativo invocado por el Ayuntamiento.

Decretos

Según el escrito del fiscal, los dos decretos del alcalde por los que se dio permiso a la construcción de las casas se firmaron a sabiendas de que las normas subsidiarias de 1996, vigentes entonces, declaraban no urbanizables los terrenos. Además, el fiscal considera que para estos permisos "se prescindió de los trámites necesarios en los expedientes". En dos de las licencias se pedía que se declarara el interés social de la obra y en la otra se concedió permiso para una vivienda vinculada a una explotación agrícola, ganadera o forestal. En ninguno de los casos se cumplió el requisito.

El desorden urbanístico en La Viñuela ha sido aprovechado incluso para estafar a extranjeros. Varios residentes recibieron en 2007 cartas con el membrete municipal en las que se les pedía que pagaran hasta 12.000 euros a cambio de legalizar sus viviendas. El alcalde negó que partieran del Ayuntamiento.