Los jueces de Córdoba penarán las ampliaciones de urbanizaciones ilegales

El pleno de magistrados de la Audiencia de Córdoba acordó esta semana actuar penalmente contra los chalés que supongan una ampliación de un núcleo ilegal ya existente. Los magistrados se reunieron el lunes pasado para unificar criterios ante este fenómeno tan extendido en Córdoba. Según afirmó ayer Eduardo Baena, presidente de la Audiencia, hasta ahora, "se decía que, si se hacía un edificio más, como el territorio ya estaba desordenado, no se está violando la ordenación del territorio". Sin embargo, a partir de este momento, "cuando el edifico sea una expansión del núcleo ya desordenado, merece sanción penal", aclaró Baena.

Los magistrados acordaron que "la mera existencia de construcciones previas en la misma zona" no implicará que una nueva edificación esté libre de responsabilidad penal. Los jueces apostaron por examinar cada caso para averiguar si la "nueva construcción supone un plus de degradación del territorio".

Respecto a las demoliciones, los magistrados acordaron que la acusación será la que deba solicitar esta medida "expresamente" y que se aplicará cuando conste que las casas no "sean legalizables". Además, también se podrá ordenar cuando el propietario se niegue a paralizar la obra. Por último, los magistrados acordaron que "las casas prefabricadas se considerarán construcciones" a efectos penales. De momento, en la provincia no se ha detectado ningún caso de este tipo, aunque los magistrados han querido adelantarse previendo que puedan aparecer denuncias contra casas prefabricadas como ya ha ocurrido, por ejemplo, en Sevilla.

La necesidad de unificar criterios sobre las parcelaciones irregulares era algo urgente en Córdoba, donde se han dado interpretaciones dispares del 319 del Código Penal. Mientras un juez ordenaba demoler cinco casas levantadas en una urbanización ilegal de Obejo en la que existen 100 edificaciones más y que no está en terreno protegido, otro compañero de la Audiencia Provincial absolvía sistemáticamente a los propietarios de nuevos chalés del entorno del yacimiento de Medina Azahara, un suelo que tiene la máxima protección existente.