El Poder Judicial abre la vía a la expulsión

El Consejo General del Poder Judicial inició ayer el procedimiento que podría acabar con la expulsión de la judicatura de Francisco Javier de Urquía, suspendido por duplicado como juez de Instrucción de Marbella por dos supuestos delitos de cohecho y otros dos de prevaricación con relación a los casos Malaya e Hidalgo. La comisión disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces acordó por unanimidad abrirle expediente por dos faltas muy graves que pueden castigarse con la suspensión temporal, el traslado forzoso o la separación definitiva de la carrera.

La comisión, integrada en su reunión de ayer por las progresistas Montserrat Comas y María Ángeles García; los conservadores Enrique López y Carlos Ríos, y el vocal de consenso entre PSOE y PP Agustín Azparren, considera que De Urquía pudo cometer, en primer lugar, una falta muy grave de desatención al prohibir la emisión de un programa de televisión que investigaba el patrimonio del presunto cerebro de la Operación Malaya, el ex asesor de urbanismo de Marbella Juan Antonio Roca, sin ser competente para ello. "Don Francisco J. de Urquía (...) favoreció voluntariamente los intereses de una de las partes del procedimiento (...) con el fin de conseguir el conocimiento de un asunto de especial relevancia (pues comportaba la suspensión de un programa informativo) sobre la base de una copia irregularmente presentada en su juzgado, y sin competencia para ello", explica el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) Miguel Pasquau -instructor de la causa contra el juez suspendido- en un auto que los vocales han tenido en cuenta para adoptar su decisión. Los consejeros también enjuiciaron el funcionamiento "muy deficiente" del juzgado (con cerca de 800 procesos pendientes e "importantes paralizaciones" y retrasos) para imputarle esa falta.

Al darse cuenta de su error al prohibir la emisión del programa, De Urquía indicó a Roca mediante un intermediario amigo de ambos los pasos que debía seguir para que la retransmisión pudiera suspenderse. Estos hechos constituyen, según fuentes de la comisión, asesoramiento jurídico, una actividad incompatible con el cargo de juez, según la Ley Orgánica del Poder Judicial, que la castiga también como falta grave. A cambio de la prohibición de ese programa de televisión y de la ayuda prestada, De Urquía obtuvo presuntamente 73.800 euros del entorno de Roca para la adquisición de una vivienda en la urbanización Azalea Beach.

El expediente se tramitará en los próximos meses pero el acuerdo sobre la sanción que pueda imponerse no se adoptará hasta que concluya la causa abierta en el TSJA. Ese tribunal ha iniciado un segundo proceso contra el juez por irregularidades en la instrucción del caso Hidalgo sobre las que el Consejo se pronunciará previsiblemente en las próximas semanas.