La defensa alega que no hay indicios

"No hay indicios de que ANV esté al servicio de ETA". Así de contundente se mostró ayer Iñigo Iruin, abogado de ANV y ex dirigente de Herri Batasuna, en la vista en la que la Fiscalía y las asociaciones Dignidad y Justicia y la Asociación de Víctimas del Terrorismo reclamaron la suspensión de actividades de la citada formación.

El letrado dijo que la medida cautelar no se podía adoptar porque faltaba el requisito de la previa imputación de alguno de los militantes de ANV. Por ello el juez notificó la imputación de Bereziartua, Antxon Gómez y Alazne Arocena, por lo que el argumento quedó sin efecto. Iruin atacó los indicios policiales en los que se ha basado la pretensión de la Fiscalía y señaló que de la lista de 37 militantes de ANV investigados, ninguno estaba imputado.

Rechazó que existan pruebas de que ANV financia las actividades terroristas de ETA y precisó que todos los alquileres de locales fueron pagados con cargo a tarjetas de crédito personales de Arnaldo Otegi, Joseba Permach y Pernando Barrena. "No se ha acreditado que los fondos sean de ANV, sino de esas tres personas y los que se pagaron en efectivo, tampoco se ha demostrado que procedan de esa formación". En todo caso, precisó, el importe total de las facturas no llega a los 5.000 euros. "¿Es eso una financiación de las actividades terroristas de ETA?", se preguntó.

Iruin alegó que en la vía penal no se puede considerar el no condenar los atentados, es decir, el silencio, como indicio de delito. Respecto al caso de la alcaldesa de Hernani, "está archivado", concluyó.