Conexión bancaria entre ANV y Batasuna
Una cuenta central distribuye fondos entre la formación ilegal y el partido al que apoya
La investigación sobre la totalidad de las relaciones entre Acción Nacionalista Vasca (ANV), el Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK) y la ilegalizada Batasuna estará terminada en la primera quincena de enero, tras la festividad de Reyes, según fuentes conocedoras de la misma. Pero los investigadores ya han logrado acceder a algunos datos fundamentales: una cuenta bancaria central actúa como caja única de las tres formaciones. Esa cuenta recibe y distribuye los fondos entre los dirigentes de los tres partidos.
En su auto de prisión sobre Marije Fullaondo, la dirigente de Batasuna enviada a prisión el pasado viernes, el juez Baltasar Garzón insinúa que ha tocado el esquema financiero de las organizaciones políticas citadas con la yema de sus dedos. Es cuando dice lo siguiente: "En el caso de la señora Fullaondo ha quedado, queda indiciariamente acreditada, no sólo su calidad de miembro de la Mesa Nacional, de Batasuna, sino su vinculación con EHAK (Partido Comunista de las Tierras Vascas), del que percibe nómina de sueldo, y con ANV (Acción Nacionalista Vasca), a la hora de recibir la información o rendición de cuenta por parte de responsables de esta formación política, lo cual será objeto de análisis más profundo en su momento".
EHAK tiene en su nómina a unas 22 personas de la Mesa Nacional
En esa frase final -"Lo cual será objeto de análisis más profundo en su momento"- está lo que puede anticiparse como el desenlace tanto en el terreno penal como en el judicial-político de lo que será, en enero próximo, la demanda de suspensión de actividades de ANV y de EHAK.
Fuentes conocedoras de las investigaciones aseguraron ayer a EL PAÍS que una cuenta bancaria suele recibir ingresos procedentes de otras cuentas que pertenecen a militantes, simpatizantes y/o empleados en los ayuntamientos que están bajo control de ANV.
A los pocos días de realizarse el ingreso, siempre de manera regular, esos mismos fondos, en cantidades casi idénticas o con alguna variación mínima, salen de la citada cuenta y van a parar a otras que son propiedad de dirigentes de Batasuna, según la investigación.
Al tiempo, EHAK, que es un partido legal, tiene en su nómina, aseguraron las fuentes consultadas, a unas 22 personas que pertenecen a la Mesa Nacional de Batasuna. En su auto del jueves, Garzón dejaba constancia de que Marije Fullaondo tiene un contrato con EHAK y percibe sueldo de dicha formación. Pero ésta es, según fuentes de la investigación que han podido bucear en la documentación incautada el pasado mes de octubre en Segura (Guipúzcoa), una "práctica habitual".
Los trabajos policiales y jurídicos para presentar la demanda de ilegalización de EHAK, según las fuentes consultadas, ya están casi completos. En cambio, se están dando los últimos pasos en relación con ANV.
El calendario tanto de la demanda de ilegalización como de la acción penal es, según las fuentes consultadas por EL PAÍS, el siguiente:
-Durante la primera quincena de enero, tras la disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones para el 9 de marzo, presentación de las demandas de ilegalización de EHAK y ANV por parte de la Fiscalía General del Estado ante el Supremo.
-Al mismo tiempo, dado que la tramitación de dichas demandas lleva más tiempo, a fin de evitar la presentación de dichas formaciones a las elecciones generales, se solicitará la suspensión cautelar a la Sala Especial del 61 del Tribunal Supremo, encargada de la aplicación de la Ley de Partidos Políticos.
-Caso de presentación de listas de ANV a las generales, impugnación de las mismas.
-En paralelo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitará, en coherencia con la demanda de suspensión cautelar a la Sala del 61, la suspensión cautelar de EHAK y ANV en la causa penal.
El juez Garzón realizará en ese momento su prometido "análisis más profundo" sobre el entramado. Otra vez, como ya ocurriera en agosto de 2002 con la suspensión cautelar de Batasuna, será este juez sobre quien recaerá gran parte del peso de la actuación judicial contra las otras patas del entramado político de ETA.
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