Borrar la huella de Roca

José María Ruiz Povedano, el director de la oficina de Planeamiento de la Junta se despidió de Marbella el miércoles augurando un futuro prometedor a la ciudad. El grupo municipal socialista le dio un homenaje, junto al personal de su oficina, a quien este medievalista reconvertido al urbanismo llama cariñosamente "mis niños". Povedano, de 55 años, hizo un repaso emocionado y a ratos dolido de su experiencia en la ciudad. Ante unas 50 personas, rememoró el escalofrío que sintió, hace ahora año y medio, al llegar a los despachos que ocupaba Juan Antonio Roca, el ex asesor de Urbanismo y principal imputado del caso Malaya. Llegaron para asumir las competencias urbanísticas y redactar el nuevo Plan General de Ordenación Urbanística de la Ciudad (PGOU), labores que ahora gestiona el equipo de gobierno de Ángeles Muñoz (PP) y ausente ayer.

Povedano relató que decidió desmantelar el despacho y colocar en su lugar cinco puestos de trabajo para arquitectos que trataran de "redimir los pecados" cometidos en la ciudad. "Quisimos echarlo abajo todo, moqueta, paredes... pero no encontraron ni una peseta. Sí hallamos papeles que fueron muy sabrosos después para los tribunales", recordó. En aquellos días, en los que ordenaba los problemas con su equipo y los clasificaba con un sistema de colores llegaron a contabilizar 1.009 ilegalidades, una cifra que sigue de actualidad, ya que el equipo de Muñoz ha decidido aplazar la revisión de un millar expedientes irregulares hasta la aprobación del PGOU, el próximo otoño.

Povedano se mostró convencido de que la ciudad "va a tener su oportunidad". "Saldrá del bache porque es más fuerte que quienes la saquearon", dijo. Definió su periodo en Marbella como "una inflexión para acabar con 15 años de época negra" y arremetió contra el Partido Popular, sin nombrarles explícitamente. "Los que ahora se preguntan por qué no se atacó a quienes cometían ilegalidades en Marbella votaron en contra en el Parlamento andaluz para que no se hiciera", mantuvo.

Hizo una defensa del PGOU, incidiendo en que goza de una "ingeniería jurídica única", y que ofrece la única alternativa para legalizar las 18.000 viviendas irregulares que arrastra la ciudad. "Las soluciones al futuro de la ciudad están en el Plan, aunque hay que tener voluntad y empuje para hacer que los tienen que pagar las compensaciones las asuman", aseguró.