La juez indaga si funcionarios de Orihuela aceptaron sobornos a cambio de licencias

La titular del Juzgado número 2 de Orihuela ha abierto una investigación para esclarecer si funcionarios del Consistorio de esta localidad aceptaron sobornos de una firma consultora radicada en el municipio a cambio de agilizar licencias municipales (la mayoría relativas a aperturas de negocios comerciales de residentes extranjeros en la costa oriolana). La investigación judicial se produce a raíz del arresto el martes por parte de la Guardia Civil de los propietarios de la mencionada empresa, un ciudadano de la Unión Europea y otro vecino de Orihuela. Las diligencias policiales incluyeron la declaración, como testigos, de 14 funcionarios del departamento de Actividades y Atención al Público del Ayuntamiento. La magistrada, tras interrogar a los dos detenidos, decretó el miércoles su libertad con cargos por los supuestos delitos de estafa, cohecho e intrusismo profesional (uno de los arrestados, el ciudadano español, se hacía pasar por arquitecto).

Una consultora cobraba a dueños por agilizar la apertura de locales

Según fuentes de la investigación, del testimonio de los funcionarios municipales no se deduce que éstos llegaran a aceptar los supuestos sobornos ofrecidos por los estafadores. Esas mismas fuentes también descartaron que entre los expedientes que tramitaba la mencionada consultora se encontraran asuntos relacionados con recalificaciones de suelo.

Esta versión fue corroborada ayer por el equipo de gobierno del Consistorio, en manos del PP con mayoría absoluta. "No se puede hablar en ningún caso de trato preferente de funcionario alguno hacia los expedientes tramitados por esa consultora en el Ayuntamiento, porque, entre otras cuestiones, ninguno de los 50 expedientes, todos relacionados con licencias de apertura, que esa empresa ha presentado este año en el Ayuntamiento ha sido resuelto", explicó Antonio Rodríguez Barberá, concejal de Urbanismo. "Además, los propietarios de la consultora remitían los expedientes al Ayuntamiento a través de terceras personas, y no en persona", añadió el edil.

Las pesquisas policiales sobre las prácticas fraudulentas de los dos arrestados comenzaron en abril de 2006 a raíz de denuncias presentadas por vecinos afectados. Los detenidos unas veces se hacían pasar por funcionarios y otras por personas con gran influencia en el Ayuntamiento para convencer a sus víctimas de que si dejaban en sus manos el trámite de las solicitudes, a cambio del pago de entre 4.000 y 6.000 euros, estas se resolverían rápidamente. La investigación judicial estima que los supuestos estafadores tramitaron las licencias de unos 60 locales.