Cuenta atrás para el desalojo

Tiberu Rostas cuenta las horas hasta el próximo miércoles, cuando será desalojado junto a su mujer embarazada y su hijo, y otros 38 rumanos. Pero no se arredra: "Plantaremos las tiendas frente al Ayuntamiento, porque si nos echan de aquí necesitamos una vivienda digna". Rostas convive con otras diez familias rumanas en el cortijo de las Angustias del barrio del Zaidín, en Granada. El Ayuntamiento prevé desalojarlos el próximo miércoles tras obtener una orden judicial, pero ellos avisan de que plantarán batalla.

El cortijo, construido en 1835, fue cedido por el consistorio al Parque Tecnológico de la Salud para ubicar sus nuevas oficinas centrales. Pero hace un año que diversas familias rumanas adecentaron su interior y se instalaron. El pasado domingo un incendio arrasó varias habitaciones de la primera planta, sin que hubiera heridos. Nadie lanza acusaciones, pero sospechan que se trató de un brote racista y que el fuego fue provocado desde la calle, porque nadie dormía en dichas habitaciones.

En el patio del bello y vetusto cortijo cuelga un cartel con los turnos de limpieza: Mercuri (miércoles), Florin; Vineri (viernes) Slipi... En las habitaciones se acumulan cortinas y mantas para intentar paliar la humedad. Cuentan con electricidad pero el ayuntamiento cortó el agua corriente el pasado verano. "Si hueles mal la gente no te respeta", recuerda Rostas. La decena de hombres se gana la vida con la chatarra y tiene claro que no regresarán a Rumanía. Algunos menores están escolarizados y otros no. Pese a sus esfuerzos por mantener la higiene, el patio trasero acumula basura que no ha sido retirada.

"No sé aún qué haremos, pero sin la Policía Nacional y los servicios para menores de la Junta allí, será muy complicado el desalojo", duda el concejal de Seguridad, Eduardo Moral.

La patata caliente para reubicar a estas familias en pisos no ha logrado poner de acuerdo al ayuntamiento y la Junta. La delegada de Bienestar Social, Elvira Ramón, asegura que se trata de un caso sin menores en situación de riesgo. "Algunas familias ya fueron realojadas, pero han llegado otras y esto podría no parar nunca", afirma. El defensor del Ciudadano, Melchor Sáiz-Pardo, confía en que el consistorio no lleve a cabo su amenaza: "El Ayuntamiento no puede echar por las malas a estas familias", opina. Los abogados de la plataforma integrada por 14 asociaciones de derechos humanos y anti racismo preparan un recurso contra el desalojo.

"Las administraciones no lo arreglan porque no se coordinan. La voluntad de estas familias es integrarse", resume Ana Bustos, de SOS Racismo. Si la amenaza se cumpliera, sería un desalojo espinoso. "Aquí no hablamos de dos indigentes, sino de once niños", recuerda Moral.