Bravo vendió por 1,2 millones su villa de Urrugne pese al embargo judicial

La situación judicial de José María Bravo, el principal imputado en el fraude de la Hacienda de Irún, se complica de forma considerable tras descubrirse que vendió su casa de Urrugne, en el País Vasco francés, pese a que todos sus bienes estaban embargados por la juez que investiga este caso. A la vista de estos hechos, la Diputación de Guipúzcoa ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 2 de Irún la ampliación de la denuncia inicial contra el ex director de la oficina tributaria de Irún para añadir a los delitos que viene investigando el de alzamiento de bienes.

La Diputación pide al juez que localice y embargue el dinero de la venta

La venta de la villa de Urrugne, localidad situada a unos 30 kilómetros de San Sebastián, se formalizó el pasado 25 de junio por un importe de 1.250.000 euros, según han podido constatar los servicios técnicos del Departamento de Hacienda y Finanzas. El inmueble, propiedad de José María Bravo y su esposa, María Rosa Cobos, también imputada en el caso de la Hacienda, es una lujosa mansión con un amplio jardín y piscina que fue tasada por el matrimonio en 1.380.000 euros antes de ponerla a la venta este mismo año a través de una agencia inmobiliaria de la zona.

La transacción se formalizó casi un mes después de que el juzgado decretara, el pasado 30 de mayo, el embargo de todos los bienes de los implicados. La operación fue realizada por la esposa, que actuó en su nombre y en representación de José María Bravo, ante un notario de San Juan de Luz. Hacienda explicó que, al parecer, el embargo judicial no surtió efecto "por encontrarse en trámite para su aplicación sobre los bienes que el inculpado [José María Bravo] pudiera tener en Francia".

Bravo puso a buen recaudo los 1,25 millones que obtuvo por la venta, pues no figuran como ingresados en ninguna de sus cuentas conocidas. Por esta razón, la Diputación ha pedido a la juez que investigue el destino de ese dinero y proceda a embargarlo para "atender las responsabilidades derivadas del fraude cometido". Según los últimos cálculos realizados por la Hacienda foral, el daño causado por Bravo al fisco guipuzcoano ronda los seis millones de euros.

El ex director de la Hacienda de Irún, según consta en escrtitos de la juez, era el máximo responsable de una red que se apropió del dinero que cobraba a contribuyentes deudores, en lugar de ingresarlos en las arcas forales. Está acusado de sendos delitos continuados de malversación de caudales públicos y de falsedad en documento oficial. Por esta razón, el juez decretó el pasado 18 de mayo su ingreso en prisión eludible con una fianza de 400.000 euros. Salió de la cárcel el 12 de mayo tras abonar esta cantidad, que fue recaudada con aportaciones de sus familiares. Estando en libertad provisional, Bravo vendió la mansión de Urrugne el 25 de junio, pocas fechas antes de su reingreso en la cárcel de Martutene, donde permanece desde el 11 de julio pasado, al considerar la juez que los indicios que había en su contra se habían agravado y existía riesgo de fuga.

La Hacienda comunicó que el responsable de este departamento, el diputado Pello González, hará entrega a la comisión de investigación abierta en las Juntas Generales del dossier completo sobre este nuevo presunto delito.