Educación sancionará hasta 16 conductas graves

Que dos o más estudiantes de 14 años se pasen semanas esperando a otra alumna en un pasillo del instituto para insultarla o vejarla y que, tras atormentarla, le acaben propinando una patada a la salida y lo graben con el móvil -sin que nadie del personal del centro denuncie estos episodios recurrentes de violencia, como ocurrió en Elche en octubre- técnicamente no se podrá volver a producir sin que todo acabe en sanciones. Tampoco, que un estudiante espere a otro fuera del instituto cutter en mano para cortarle la cara sin ser sancionado y remitido a la autoridad judicial. Tampoco un padre o madre podrá agredir a un profesor sin ser penalizado. Ni un docente o bedel "podrá mirar para otro lado" cuando se produzcan episodios de "insultos, ofensas o injurias" que van más allá de la incorrección puntual cuando entre en vigor el Decreto de Derechos y Deberes, que extiende la "responsabilidad del éxito escolar", no sólo al alumno, sino también a profesores, personal de administración y padres o tutores.

Los padres deberán cooperar para trasladar los hechos a la autoridad

El documento -que ayer fue distribuido por Educación y colgado en su web para consensuar el texto- "tipifica hasta 16 tipos de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en un centro". Entendiéndose por ello desde los "actos graves de indisciplina, injurias u ofensas que sobrepasen la desconsideración" hasta las "agresiones físicas o morales, coacciones o discriminación", "vejaciones y humillaciones", "falsificación, deterioro o robo", "suplantación de personalidad" hasta el "acoso escolar" propiamente dicho.

Los padres, por su parte, deberán "colaborar en el traslado de los hechos a la autoridad competente". Pero, antes de llegar a este extremo deberán cumplir un catálogo de "deberes", que van desde "la obligación de estar involucrados en la educación de sus hijos y colaborar con el centro en toda la enseñanza reglada" hasta la de "educar a sus hijos en actitudes responsables con las nuevas tecnologías" para evitar casos de ciberacoso.

En cualquier caso, el director está "obligado a notificar" cada incidente, e imponer las medidas correctivas o expedientes disciplinarios propuestos en el decreto; incluido el traslado de un alumno problemático a las llamadas "unidades específicas" o "aulas de convivencia", que ha sido muy contestado por un sector de los padres. El decreto opera también en aquellas "acciones fuera del recinto".