Romeu exige al poder judicial "respeto institucional a Galicia"

El conselleiro de Presidencia, José Luis Méndez Romeu, reiteró ayer la necesidad de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) designe presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, cargo que está vacante desde hace año y medio por la falta de acuerdo en el seno del órgano de gobierno de los jueces.

"Galicia necesita el respeto institucional debido, y después de una larga interinidad, el tribunal precisa una situación estable. Hemos dado ya muestras de suficiente paciencia", señaló Méndez ayer antes de asistir a la apertura del año judicial en el Palacio de Justicia de A Coruña, sede precisamente del Tribunal Superior.

Méndez Romeu había requerido ese nombramiento ya a principios de semana, en una entrevista con el presidente del CGPJ, Francisco Hernando, y el magistrado que desempeña en funciones la presidencia del tribunal gallego, Antonio González Nieto, se había dado por aludido. Méndez puntualizó ayer que no había pretendido criticar el trabajo de González Nieto, ni interferir en la independencia del poder judicial, "pero desde la firmeza de defensa de los intereses de Galicia, no se la puede considerar dentro de un paquete con otros nombramientos de todo tipo. Los problemas que puedan existir para renovar el Consejo del Poder Judicial son ajenos a las necesidades de la justicia en Galicia", consideró el conselleiro de Presidencia.

Por otra parte, en su discurso de apertura del año judicial, el fiscal jefe del Tribunal Superior, Carlos Varela, destacó la gravedad de las irregularidades urbanísticas, que calificó de "un fenómeno extendido y grave" y "una fuente de poder económico que enriquece ilícitamente a muchas personas". Varela no dudó en apuntar que muchas de esas ilegalidades habrían podido ser atajadas en origen "de no ser por el paulatino y sistemático debilitamiento de los órganos de control interno de la administración local". El fiscal reivindicó el papel de los secretarios e interventores municipales en el control urbanístico y la recuperación del informe preceptivo de advertencia de ilegalidad, derogado en 1985.

Tanto el fiscal jefe como el presidente del Tribunal Superior, Antonio González Nieto, mencionaron en sus intervenciones la demora judicial. Éste destacó la paradoja de que la justicia gallega sea una de las más eficientes, en cuanto a capacidad resolutiva, pero también una de las que tiene más casos acumulados, por la escasez de plantillas. El fiscal abogó por crear unas instancias mediadoras para los "litigios sin verdadero conflicto" que permitan pasar "de un derecho impuesto a un derecho negociado".