Amnistía Internacional cree que la Ley de Memoria mejora pero sigue alejada del derecho

La organización de derechos humanos Amnistía Internacional, siempre muy crítica con la ley que honra a las víctimas del franquismo, que llegó a calificar de "ley de punto final", hizo público ayer un comunicado en el que valora los avances logrados en la última redacción que se aprobó el miércoles en la Comisión Constitucional del Congreso, aunque los considera insuficientes.

Según el comunicado, la ley "ha mejorado" pero "sigue estando muy alejada del derecho internacional y, por tanto, no salda la deuda pendiente del Estado con todas las víctimas que padecieron graves violaciones de derechos humanos y nunca obtuvieron verdad, justicia ni reparación".

La organización llama especialmente la atención sobre las víctimas de graves crímenes contra el derecho internacional, como torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, que el texto deja al margen de las indemnizaciones económicas y de las limitadas vías para acceder a la justicia y hace un llamamiento para que este vacío sea subsanado antes de la aprobación definitiva de la ley.

"Será un tímido paso adelante en la larga batalla contra el olvido de las víctimas del franquismo y la Guerra Civil, pero sin verdad y sin justicia la deuda no quedará saldada. Más allá de esta ley, el Estado aún puede y debe mostrar un compromiso claro con los derechos humanos que dé respuesta de una vez por todas a estas víctimas", asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.

El proyecto inicial incluía "dos claros mecanismos de impunidad que conllevaban la ocultación de la identidad de presuntos autores de crímenes contra el derecho internacional". La organización da la bienvenida a su desaparición.

Aunque la ley añade la condena del franquismo expresada en marzo de 2006 por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, no asume su principal recomendación, la de poner en marcha "una comisión nacional de investigación sobre las violaciones de derechos humanos cometidas bajo el régimen franquista" para conseguir establecer "la verdad sobre la represión".

"La ley reconoce a través de una fórmula ambigua, como es la declaración de ilegitimidad de determinados tribunales y de las condenas y sanciones dictadas por motivos ideológicos, políticos o de creencia religiosa, lo que según el derecho internacional carece de valor jurídico. Y renuncia a la oportunidad de garantizar un recurso idóneo y eficaz para la obtención de la nulidad de esas sentencias", concluye.