El Constitucional admite un recurso de Aguirre contra la Ley del Suelo

La particular guerra contra el presidente José Luis Rodríguez Zapatero que abandera desde la Comunidad de Madrid la presidenta regional, Esperanza Aguirre, tiene un campo de batalla más allá de la política: el Tribunal Constitucional. Y en él, el Gobierno regional acaba de ganar una importante escaramuza: el Alto Tribunal admitió a trámite el pasado 25 de septiembre un recurso de inconstitucionalidad contra seis artículos y tres disposiciones adicionales de la Ley del Suelo 8/2007 de 28 de mayo, la normativa estatal que regula las actividades urbanísticas.

En su recurso, presentado el pasado 27 de agosto, el Ejecutivo de Aguirre plantea que la Administración central se inmiscuye en las competencias regionales a la hora de legislar. "Sólo tiene capacidad para financiar políticas de vivienda, no para hacer políticas de vivienda", recalcó un portavoz de la Consejería de Ordenación del Territorio.

En concreto, el recurso cuestiona dos aspectos de la Ley estatal. El primero es que la Ley del Suelo estatal reserva para destinar a vivienda protegida el 30% del terreno que se edifique en los nuevos barrios. La legislación regional establece que debe dedicarse a esas viviendas el 50% del suelo.

Además, el Gobierno regional plantea que la ley atenta contra la propiedad privada, porque habilita en primer lugar a la Administración pública para urbanizar un terreno. Luego sitúa a los "particulares habilitados mediante procedimientos con publicidad y concurrencia", lo que se denomina agente urbanizador -una figura que ha erradicado la Ley de Medidas Urgentes de Aguirre en Madrid- y, sólo en tercer lugar, al propietario del suelo.

Más enfrentamientos

No es la única materia en la que Aguirre se enfrenta a Zapatero en el Constitucional. Nada más llegar éste al Gobierno central, la presidenta planteó una cuestión sobre los calendarios de puesta en marcha de la Ley de Calidad de la Enseñanza (LOCE) que, después, quedó derogada por la Ley de Educación (LOE). El jueves pasado, el Ejecutivo regional anunció un nuevo recurso contra la Ley de Hidrocarburos. Un portavoz del Ejecutivo regional aseguró que "no hay más de media docena" de asuntos en el Alto Tribunal.

La guerra entre Aguirre y Zapatero también tiene línea de batalla en el Gobierno central. Éste ha llevado al Constitucional la competencia sobre el cierre de la M-50 y la construcción de la Radial 1, un asunto que aún no ha resuelto el tribunal. Además, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha anunciado otro recurso contra la Ley de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administración, que la Asamblea regional aprobó el pasado julio. Según la ministra, esta ley contraviene la regulación estatal al impedir entrar a los agentes forestales en las fincas privadas a hacer labores de inspección, salvo que cuenten con permiso del propietario o autorización judicial.