Los juzgados de Cádiz han ordenado más de 20 demoliciones este año

La fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz quiere evitar el efecto llamada provocado por la sensación de impunidad de quienes incurren en delitos urbanísticos. Por eso, desde finales de primavera, la Audiencia de Cádiz dicta por norma sentencias de demolición en los casos de construcciones ilegales. Desde que se adoptó este acuerdo el fiscal de Medio Ambiente, Ángel Núñez, ha actuado en una veintena de casos que han acabado con una orden de demolición.

Se trata, en su mayoría, de juicios contra particulares que han levantado casas ilegales en Chiclana o Puerto Real, aunque también hay casos en Sanlúcar o Algeciras. "El criterio general de la Audiencia está siendo el de ordenar la demolición. Y esto se está trasladando hasta el punto de que ya hemos tenido bastantes sentencias de los juzgados de lo penal en los que se acuerda por conformidad. Los condenados aceptan una rebaja de su pena pero tienen que aceptar también la demolición", explica el fiscal.

Con todo, las primeras demoliciones fruto de este criterio aún están por llegar, ya que los juzgados otorgan un plazo para que el condenado ejecute la sentencia. Núñez estima que en los próximos meses se podrán ver ya los primeros resultados: "Hasta ahora, cuando los casos iban por vía administrativa, se iniciaban recursos que pasaban por las diferentes instancias y el proceso era muy largo. En el caso de los procesos penales, una vez que la sentencia es firme no cabe ulterior recurso". Si se supera el plazo otorgado por la justicia, la fiscalía pediría que se llevara a cabo la demolición de forma subsidiaria.

Además de la mayor contundencia judicial, el fiscal reconoce que el incremento de agentes policiales dedicados al control urbanístico ha permitido una respuesta más eficaz. La intensidad del trabajo de la fiscalía se ha incrementado, y Núñez calcula que este año se superaran con creces las 77 diligencias abiertas en materia urbanística en Cádiz en 2006.

Donde no hay avances es en la actuación de los Ayuntamientos. "Subsiste la misma situación, la falta de ejercicio por parte de los Ayuntamientos, que no cumplen sus funciones sancionadora y de restablecimiento de la legalidad", lamenta el fiscal. Núñez, además, tiene que enfrentarse cada vez a "maquinaciones delictivas" más complejas, como la falsificación de documentos para cambiar la fecha de construcción de un edificio y que el delito prescriba.

Cárcel y multa en Córdoba

Por otra parte, la fiscalía de la Audiencia de Córdoba pide dos años de prisión para el dueño de una casa ilegal del entorno protegido de Medina Azahara. Esa zona está catalogada como Bien de Interés Cultural y, según la calificación provisional del fiscal, el acusado se construyó una piscina y amplió la casa sin tener los permisos oportunos. Además, el ministerio público solicita la demolición de lo levantado ilegalmente y el pago de una multa de 3.240 euros.

Las obras se acometieron en la urbanización Las Pitas, donde, según el último censo elaborado por la Junta de Andalucía, hay más de 150 viviendas ilegales, informa Manuel Planelles.