Ninguna Administración construye aún las casas protegidas que debería

Los deseos son distintos de la realidad. El Gobierno central marca en la nueva Ley de Suelo que tres de cada diez viviendas nuevas tienen que ser protegidas. La Comunidad de Madrid se comprometió a más ya en 2001: una de cada dos. Pero hoy las cifras son otras. Una de cada cinco casas hechas en Madrid en 2006 era una vivienda de protección oficial (VPO). En España, ni siquiera una de cada diez. Mientras, sigue la confrontación: Aguirre recurrió ayer la ley estatal por "invadir" sus competencias.

La Comunidad de Madrid presentó ayer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Suelo, en vigor desde el 1 de julio. El Gobierno de Esperanza Aguirre considera que "invade competencias autonómicas y atenta contra el derecho de propiedad privada". La ministra de Vivienda, Carme Chacón, le respondió ayer en Barcelona que la ley combate "de forma seria la especulación urbanística, busca la transparencia y el control del fraude y persigue un desarrollo más sostenible y humano". "Éstas son las verdaderas razones por las que la presidenta de la Comunidad critica la ley. El Ejecutivo de Aguirre nunca ha trabajado para combatir la especulación", añadió Chacón, informa Jaume Bauzà. La Comunidad de Madrid es el primer Gobierno autonómico que ha presentado un recurso contra la Ley de Suelo, aprobada con los votos de todos los grupos políticos, excepto el Partido Popular. Estos son algunos motivos del enfrentamiento institucional:

- Porcentaje de VPO. La Ley de Suelo de la Comunidad de Madrid, en vigor desde 2001, establece que la mitad de suelo de los nuevos desarrollos se reserve a vivienda social. La ley estatal estipula, como mínimo, el 30%. En ambos casos, la realidad va por detrás. La Comunidad construyó casi 76.000 viviendas en 2006, según datos del Ministerio de Vivienda. De ellas, 14.265 fueron de VPO, es decir, el 18,7%. A pesar de todo, Madrid es una de las regiones que más vivienda pública promueve, junto al País Vasco y Navarra. En España se construyeron casi 658.000 viviendas el año pasado, de las que sólo el 9,17% fueron protegidas.

- Quién las paga. La ministra de Vivienda indicó ayer que el Estado financia nueve de cada diez viviendas de protección oficial (VPO) construidas en Madrid. Un portavoz de la Comunidad indicó ayer que aún no ha recibido los 70 millones de euros que le correspondían de los fondos estatales para la construcción de pisos públicos en 2006.

- Quién construye. La Ley de Suelo incluye la figura del agente urbanizador, un constructor que puede edificar sin el respaldo de los propietarios del suelo. Para la Comunidad, esa fórmula "atenta contra la propiedad privada" y fomenta "la expropiación forzosa". Aguirre llegó a decir ayer que la expropiación es un método "de los sistemas autoritarios como el de Stalin", informa Efe. El Ministerio niega que la expropiación sea en la ley el "sistema general de funcionamiento". La normativa, según Vivienda, reconoce a los propietarios de suelo "el derecho a participar en la urbanización y en sus plusvalías", pero no les da el "monopolio" para evitar que retengan los terrenos y especulen con ellos.