Militares de emergencia

La Unidad Militar de Emergencias (UME), fuerza especializada del Ejército creada hace dos años para hacer frente a calamidades graves, se ha estrenado este verano combatiendo los incendios forestales de Canarias. Como suele ocurrir entre nosotros, esa intervención ha sido ya descalificada con argumentos rutinarios por los celadores de guardia. Unos han echado en falta un Pacto de Estado contra el Fuego, otros un verdadero Plan Nacional contra las Catástrofes y los de más allá (Rajoy) un Centro Nacional de Gestión de Crisis Graves. También ha habido quienes han alertado por lo que consideran intromisión militar en competencias de las comunidades autónomas.

La iniciativa de crear la UME fue consecuencia del incendio de Guadalajara, en 2005, en el que perecieron 11 personas. Pero la necesidad de un instrumento dependiente del Gobierno, con capacidad para atender con medios propios a emergencias que afecten a varias comunidades o en todo caso superen las capacidades de una dada, había sido detectada antes. La transferencia de las competencias de Protección Civil a las autonomías dejó al Estado sin posibilidad de intervención frente a catástrofes graves, y también frente a problemas con implicaciones de seguridad, como la huelga de grúas de 2004: miles de coches en los arcenes en vísperas de una operación regreso de vacaciones.

Podrá discutirse si no sería mejor recuperar directamente ciertas competencias, o establecer mecanismos de coordinación más eficaces, etcétera; pero no negar la existencia del problema, puesto también de manifiesto con ocasiones de temporales graves de nieve, inundaciones o mareas negras como la del Prestige. La existencia de 17 sistemas de protección civil diferentes puede ser disfuncional para ciertas situaciones. Y si cabe reprochar al Gobierno la vía seguida para crear esa unidad, sin un verdadero debate social y parlamentario, lo cierto es que se trata de una respuesta legal de entre las varias posibles a un problema real, y se está desarrollando con razonable rapidez: ya hay casi 2.000 efectivos operativos de los 4.310 previstos en 2008.

El aspecto más polémico es el hecho de que se trate de una unidad militar. Es evidente que se ha decidido así por razones pragmáticas: la competencia del Estado en materia de Defensa no es discutida por nadie, y el Ejército cuenta con experiencia probada en este tipo de intervenciones. Seguramente se contaba con que habría menos resistencia a una unidad castrense que, por ejemplo, a la creación de un cuerpo nacional de bomberos. El protocolo de la actuación establece que la intervención en una determinada comunidad requerirá la petición expresa de sus autoridades (excepto en caso de declaración de emergencia nacional). En todo caso, las objeciones, tanto las razonables como las artificiosas, cederán en función de la eficacia demostrada.