Un acta que abre una acusación por falsedad en documento público

El fiscal en sus conclusiones provisionales pidió el sobreseimiento por el posible delito de falsedad documental; pero la magistrada, Laura Alabau, no pensaba igual e imputó a todos los miembros de la comisión de servicios. Eduardo Monfort vio como a su presunto delito contra la ordenación del territorio se unía el de falsedad.

Al actual alcalde se sumaron los concejales Jaime Soler, Francisco Mestre, Vicente Mata, José Segarra, Vicenta Ribes y Pascual Codina. Todos ellos más el ex alcalde Juan Bautista Moragues, Francisca Manzanaro y Antonia Sebastiá también fueron imputados por un presunto delito contra la ordenación del territorio. Por este hecho el fiscal pidió a la juez una pena de ocho meses de cárcel y siete años de inhabilitación.

La acusación particular, que ejercen José Corbín y José Salva, considera que en el acta de la comisión de servicios, aprobada por unanimidad, se falseó el informe del arquitecto municipal así como los informes técnicos a los que se alude por escrito en el acta, ya que los técnicos municipales Julio Sela y Enric Morera, han declarado "no haber asistido a la comisión, así como no haber emitido ningún informe".

En el acta no consta ningún informe técnico, por lo que el presidente de dicha comisión, Eduardo Monfort, deberá aclarar ante la juez este conflicto. La acusación particular considera "que las licencias a El Rodat fueron concedidas a sabiendas de su ilegalidad, por la infracción que suponía para el PGOU", y señalan que eran conocedores del "vicio de legalidad" que había planteado al gobierno local el aparejador municipal, Angel Palencia.