Prisas del gobierno local y sospechas de la oposición

Hasta la entrada en vigor de la ley de grandes ciudades, el 1 de enero de 2004, la adjudicación de contratos municipales por concurso público era competencia del Pleno. Ahí, el Partido Popular está en minoría en Vigo. Pero la ley de modernización de los ayuntamientos entregó en esa fecha herramientas que han resultado fundamentales para que Corina Porro pudiera cumplir su mandato sin mayores sobresaltos pese a estar en minoría. Entre ellas, las que atribuyen a la Junta de Gobierno Local la competencia en materia de contrataciones.

Gracias a esa ley, Corina Porro ha podido adjudicar sin problemas grandes contratos, entre ellos el del Auditorio-Palacio de Congresos o el de la grúa para la retirada de vehículos. Pero por distintas razones, se le fueron acumulando los cinco contratos pendientes de resolver, y que el PSOE reclama que se dejen para el próximo gobierno municipal.

"Estas prisas son nefastas para resolver contratos tan importantes", opina el portavoz municipal de los socialistas Xulio Calviño. En su opinión, la acumulación de los expedientes es "una demostración de la horrorosa gestión" del PP, que se apresta a "malvender derechos municipales a cambio de lo que todos suponemos". El PSOE ya denunció el intento del gobierno de Porro de favorecer a una de las candidatas a la renovación del mobiliario urbano o la adjudicación de la grúa a un grupo "relacionado" con el presidente de los empresarios de Pontevedra, José Manuel Fernández Alvariño.