El Gobierno no tiene intención de limitar al 3% los derechos de voto de Enel en Endesa

El Gobierno parece decidido a retirar cualquier obstáculo que puedan encontrar las compañías Enel (que controla el 25% de Endesa) y Acciona (21,03%) en su camino para lograr el control de la primera eléctrica española. Al menos, el denominado decreto Rato, que impide a empresas extranjeras con capital público ejercer derechos de voto por encima del 3% en una empresa española del sector de la energía sin autorización. Teóricamente, la limitación se podría aplicar en este caso a la italiana Enel, ya que ésta tiene un 31% de capital público.

El responsable de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, David Taguas, despejó ayer cualquier duda al respecto. "A nadie se le ha ocurrido limitar los derechos políticos [a Enel]. Esto responde a una ley envejecida, que está además en contra de los criterios de Bruselas", aseguró Taguas.

El alto cargo adelantó así algo que todos los analistas daban por hecho: el Ejecutivo español no tiene intención de poner obstáculos a la alianza de Enel y Acciona para controlar la primera eléctrica española.

Ambas empresas han formalizado ya ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) una oferta de compra por la eléctrica a un precio de 41,3 euros por acción. La OPA conjunta, pendiente de tramitación no sólo en la CNMV, sino también en la Comisión Nacional de la Energía (CNE), está condicionada a la obtención de la mayoría del capital de Endesa y a la reforma de los estatutos de la sociedad. Éstos limitan al 10% los derechos de voto de un accionista al margen de su participación real.

Sobre la operación, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, hizo ayer votos para que se cierre el último capítulo de las OPA sobre Endesa, garantizando su futuro industrial y el mantenimiento del empleo. En declaraciones a Servimedia, Méndez destacó que Endesa lleva varios años "de parálisis", en los que "las inversiones industriales no se llevan adelante".