Un banco público podrá expropiar y subastar agua y servirá para agilizar trasvases

La reforma de la Ley de Aguas crea los bancos públicos de agua, que desde hace años reclaman los expertos. El borrador del texto anuncia que cada cuenca tendrá un banco para que la Administración realice "ofertas públicas de adquisición de derechos de agua" que sirvan para mantener el caudal de los ríos, "cederlos a las comunidades autónomas para fines concretos de interés autonómico", o venderlos a otros usuarios.

Estos bancos sirven para dar racionalidad económica a la gestión del agua. Actualmente, hay fincas con concesión de agua desde hace décadas y no siempre la usan o no va dirigida a los cultivos más rentables. Con este banco, la confederación les compraría el derecho a bajo precio y ofertaría el agua a aquellos que paguen más.

Otra de las finalidades de estos bancos es "la realización de operaciones de intercambio con otros bancos públicos de agua", es decir, trasvases a otra cuenca. Aunque el PSOE ha votado en el Congreso en contra de una moción del PP favorable a los trasvases, la realidad es que hay trasvases del Tajo al Segura, del Guadalquivir a Almería, y que el Gobierno construye actualmente un trasvase del Júcar al Vinalopó y otro del Tajo al Guadiana. Estas infraestructuras permiten el intercambio de agua.

Obras en Tarragona

El borrador de la ley establece que el comité de autoridades -en el que estará el Gobierno y las comunidades- de cuencas limítrofes "podrán acordar la realización de transferencias de pequeña cuantía", mientras que al Gobierno le corresponderá autorizar los trasvases más grandes. Así se agiliza el envió de agua y el intercambio entre cuencas. En 2005, los regantes de Murcia compraron por primera vez agua a los de Madrid; y los de Almería a los arroceros del Guadalquivir, pero la compraventa requirió un cambio legal mediante decreto ley.

Una disposición adicional del texto crea nuevas inversiones en el delta del Ebro. El texto remite a una ley de 1981 que garantizaba 120 hectómetros cúbicos de agua para el abastecimiento en la provincia de Tarragona (que equivale al 12% del derogado trasvase del Ebro). Esta inversión se producirá "una vez finalizado el plan de obras de mejora de infraestructura hidráulica del delta del Ebro". La inclusión de obras en Tarragona -el texto sólo hace mención a la desalación en Canarias- seguro que levantará una lluvia de críticas en Murcia y Valencia. El Ejecutivo, tras derogar el trasvase, sigue ampliando regadíos en la cuenca. Los ecologistas y la Fundación Nueva Cultura del Agua critican que estos usos tendrán tanto impacto sobre el delta del Ebro como el trasvase.