Txabarri defiende la transparencia de la adjudicación de la A-8

La Diputación de Guipúzcoa afirmó ayer que la adjudicación en 2003 de la explotación de la autopista A-8 en Guipúzcoa "se ajustó a la legalidad", al tiempo que negó que en dicho proceso se favoreciera a empresas ligadas al PNV. Txabarri respondió así a las denuncias de Aralar, que, como ya hizo en su día, reconoció la legalidad de la operación, pero insistió en sus sospechas de trato de favor a cargos peneuvistas.

El diputado general y presidente de la sociedad foral Bidegi, Joxe Joan González de Txabarri, y el diputado de Carreteras, Javier Zuriarrain, del PNV, comparecieron ayer en Juntas Generales para contestar a las denuncias de Aralar, que se remontan a 2002. En octubre de ese año, Bidegi sacó a concurso la explotación de la A-8, incluidas sus áreas de servicio. Se presentaron tres empresas: Autopista Vasco Aragonesa (Avasa), Europistas y la unión temporal (UTE) formada por Dragados, Asfaltos Naturales de Campezo y Serbitzu Elkartea.

La consultora Ingeniería y Economía del Transporte (Ineco) redactó el pliego de condiciones del concurso, elaboró un sistema de valoración de las ofertas y emitió un informe, no vinculante, en el que recomendaba adjudicar a Avasa. El Consejo de Administración de Bidegi se reunió en febrero de 2003 y realizó "puntualizaciones" respecto a los criterios de valoración de las ofertas. Según explicó ayer Zuriarrain, entonces consejero de Bidegi, se decidió comunicar a la Mesa de Contratación que el informe encargado a Ineco debía ser considerado como "un elemento más" a la hora de decidir la adjudicación. Además, se sumaron al acta tres informes sobre los criterios de valoración propuestos por los consejeros del PNV, EA y PSE.

En esa misma reunión, con los votos a favor del PNV y el PSE y la oposición de EA, se decidió excluir del concurso las áreas de servicio, una opción no contemplada por Ineco, que reportó a Bidegi "un ingreso adicional" de 56, 4 millones de euros, destacó Zuriarrain.

En marzo, la Mesa de Contratación analizó los cuatro informes citados y elaboró un quinto "de síntesis", que recogía "sugerencias" de todos y "una puntuación diferente" a ellos. En base a este último documento, con el apoyo del PNV y el PSE y el rechazo de EA, se adjudicó la explotación de la A-8 a la UTE, que constituyó la sociedad privada Bidelan.

Mientras Zuriarrain y Txabarri defendieron la transparencia del proceso, la portavoz de Aralar, Rebeka Ubera, insistió en que resulta "sospechoso" que decayera la propuesta de Ineco, autora del "único informe independiente", en favor de una UTE en la que está Serbi-tzu Elkartea, encargada de presidir Bidelan y con varios cargos del PNV en su seno. "Éticamente es reprobable", subrayó Ubera, quien no recibió el respaldo de ningún otro partido. "¿Los miembros del PNV están contaminados para contratar con la Administración?", le preguntó Txabarri. Y le pidió que retirara sus acusaciones, pues de lo contrario pondrá en marcha "las medidas necesarias" contra ella y su partido.