¿Razones sólo jurídicas?

Al final, el Partido Popular se lo ha pensado dos veces y ha dicho no a la ley de identidad de género, aprobada esta semana en el Congreso sin el respaldo del principal grupo de la oposición. Los populares, sin embargo, la habían respaldado antes en el Senado. Valoraron los efectos positivos que tendría para acabar con el sufrimiento de los transexuales en sus dificultades para cambiar de sexo. Y lo hicieron tras hablar con representantes de ese colectivo minoritario que engloba a unas 3.000 personas.

El impulsor de la actitud receptiva del PP en la Cámara alta, el senador gallego Evaristo Nogueira, manifestaba su sorpresa por el cambio de posición de su grupo en la Cámara baja y defendía la norma porque, además de permitir que los transexuales cambien el nombre y el sexo sin necesidad de pasar por el quirófano y sin una sentencia judicial que lo avale, da garantías jurídicas para no vulnerar derechos a terceros. Pero no es ésa precisamente la opinión de los populares en el Congreso, que justamente argumentaron su rechazo por estimar que contempla inseguridades jurídicas.

No quedan muy claras cuáles son esas lagunas jurídicas a las que alude el PP. En el aire planea la sospecha de pelea interna, en la que el portavoz popular en el Congreso, Eduardo Zaplana, ha querido imponer su criterio frente a su homólogo en el Senado, Pío García Escudero, justo cuando se habla de sus presuntas divergencias con el líder del partido, Mariano Rajoy. Afirmar, como ha dicho Zaplana, que se ha tratado de un problema de descoordinación no despeja para nada la duda. Si el cambio de voto se debe a razones jurídicas, el PP tendría que explicarlo mejor y presentar una alternativa a la ley.