La policía gallega contará con 2.500 agentes y 100 millones de presupuesto

El cuerpo de policía gallego contará con 2.500 agentes y se encargará de velar por la seguridad ciudadana, vigilar el tráfico y ejercer las funciones de la policía administrativa y judicial. El conselleiro de Presidencia, José Luis Méndez Romeu, anunció ayer que la Xunta invertirá 100 millones de euros en seis años para crear un "instituto armado de naturaleza civil". El proyecto de ley se tramitará en los próximos meses, al igual que la modificación de la Ley de Función Pública que pretende promover la transparencia y la estabilidad en la contratación de la Xunta.

La Xunta invertirá 100 millones de euros durante los próximos seis años para crear un cuerpo de policía propio que asumirá las competencias en materia de seguridad ciudadana, tráfico y las funciones de la policía judicial y administrativa en Galicia a partir de la promulgación de la ley que ayer empezó a tramitar el Parlamento con los votos de PSdeG y BNG y la oposición del BNG.

El anteproyecto define la Policía de Galicia como "un instituto armado de naturaleza civil con estructura y organización jerarquizada". Para completar la plantilla de 2.500 agentes la Xunta plantea la incorporación voluntaria al nuevo cuerpo de los policías nacionales, municipales y guardias civiles de origen gallego que desarrollen su actividad dentro o fuera de la comunidad. También se podrán sumar de forma voluntaria los 415 agentes que el Cuerpo Nacional de Policía tiene adscritos a Galicia y que constituyen la mal llamada policía autonómica.

Durante el debate previo a la aprobación del proyecto legislativo, el conselleiro de Presidencia, José Luis Méndez Romeu explicó que la policía gallega asumirá, al igual que la Ertzaintza o los Mossos d'Esquadra, la vigilancia y el control del tráfico en las vías interurbanas, aunque para ello es necesario que el Estado transfiera esa competencia a la comunidad. La futura ley permitirá también a los pequeños ayuntamientos sin policía municipal firmar convenios para que sea el nuevo instituto armado el que asuma la seguridad en sus territorios.

Méndez Romeu anunció además la creación de un centro de inteligencia gallego, que compartirá información con el CNI, y otras tres estructuras de coordinación para establecer la cooperación con el Ministerio del Interior, el poder judicial, las autoridades locales y los sindicatos de la policía. El conselleiro de Presidencia explicó que la policía autonómica " intentará responder a las nuevas demandas que la sociedad plantea en materia de seguridad viaria, protección del territorio y en la lucha contra la violencia de género".

El diputado del Partido Popular y anterior conselleiro de Interior, Xesús Palmou recriminó a Méndez Romeu que el texto sea "una mera copia deslabazada" del proyecto que él mismo presentó en 2005, aunque con "claros déficits democráticos", y añadió que los propios sindicatos de policía han elogiado el anterior proyecto de ley presentado por el Gobierno de Fraga en vísperas de las elecciones autonómicas, cuya tramitación ni siquiera se inició en la Cámara autónoma.

En el mismo pleno y con los mismos votos, el PSdeG y el Bloque iniciaron ayer la modificación de la Ley de Función Pública, que pretende atajar la temporalidad y la falta de transparencia en la contratación de la Xunta de Galicia.

Freno a la libre designación

El conselleiro de Presidencia explicó que la tasa de temporalidad entre los trabajadores de la Administración autónoma -entre funcionarios y personal laboral- supera el 11%, lo que significa que uno de cada siete empleados públicos tienen un contrato temporal o de intineridad. Los cambios que el Gobierno planea introducir en la ley intentan profesionalizar la Función Pública y establecen limitaciones a los cargos de libre designación en la Xunta.

El borrador de Presidencia establece que sólo podrá ser elegido a dedo el personal a partir del nivel 28 que corresponde a los subdirectores generales, lo que supone eliminar la libre contratación de 800 funcionarios, incluidos los jefes de servicio. La Xunta programará un examen en gallego para acceder a aquellas plazas de la administración que requieran un especial conocimiento de la lengua y establecerá un programas de evaluación de la eficacia de los funcionarios.

El PP votó en contra en la tramitación parlamentaria al entender que la reforma no va a solucionar ninguna de las carencias de la administración pública. El diputado Antonio Rodríguez Miranda acusó a Méndez Romeu de ser "cómplice del aumento de la temporalidad en la Xunta" y pidió una nueva Ley de Función Pública en lugar de una reforma de la anterior.