El Gobierno pide la extradición de 40 represores argentinos que negó Aznar

El Gobierno español acordó ayer pedir a Argentina la extradición de 40 represores de la dictadura (1976-1983) que están procesados en España por genocidio, terrorismo y torturas, entre los que destacan Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Alfredo Astiz. Cerca de la mitad están siendo juzgados en Buenos Aires tras la abolición de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida por lo que no parece fácil su extradición. Sin embargo, el resto, muchos de ellos en libertad, podrían ser enviados a España para ser juzgados por sus crímenes.

La decisión del Consejo de Ministros, adoptada en cumplimiento de una sentencia del 31 de mayo de 2005 dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, afecta a los principales jerarcas de la dictadura, así como a un grupo de represores detenidos en Buenos Aires el 26 de julio de 2003 en cumplimiento de una orden internacional, entre los que se encuentran Omar Domingo Rubens Garffihna.

Además del ex dictador Videla, Massera -máximo responsable de la temida Escuela de Mecánica de la Armada (Esma)- y Astiz, Ángel Rubio de la Muerte, responsable de la desaparición de las monjas francesas, la petición recae sobre Armando Lambruschini, Antonio Domingo Bussi, Ramón Genaro Díaz Bessone, Luciano Benjamín Menéndez y Carlos Guillermo Suárez Masón (ya fallecido), entre otros.

Tras el arresto de ese grupo, el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es el juez Baltasar Garzón, envió al Ministerio de Justicia del entonces Gobierno de José María Aznar la propuesta de extradición. Sin embargo, en el Consejo de Ministros del 29 de agosto de 2003 se acordó no continuar el procedimiento de extradición activa contra estos 40 procesados reclamados a Argentina.

Fue entonces cuando Graziela Palacio de Lois, viuda de uno de los desaparecidos durante la dictadura, e Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, interpusieron un recurso contencioso-administrativo contra el citado acuerdo.

La Sala Tercera del Tribunal Supremo resolvió en mayo de 2005 ese recurso y en su sentencia declaraba que el Consejo de Ministros debe dar curso a la solicitud de extradición ante el Gobierno de Argentina para su tramitación.

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