Andalucía y Extremadura publican los datos, Cataluña y Madrid, no

El presidente andaluz y presidente del PSOE Manuel Chaves tiene un piso y un garaje en Sevilla, además de un Volvo y un saldo bancario a noviembre de 2005 de 3.640 euros. Son datos disponibles en la web oficial del parlamento andaluz. El reglamento de esta cámara obliga a hacer público los bienes de los diputados, en virtud de su ley electoral de 2005. Así, aparecen uno a uno todos los diputados andaluces, con su correspondiente declaración, que en este caso menciona incluso la posesión de obras de arte.

También las comunidades autónomas de Extremadura y Castilla-La Mancha, gobernadas por el PSOE, recogen esta medida en su legislación, pero no otras como País Vasco, Comunidad de Madrid o Cataluña. No hay unanimidad en esta cuestión, si bien la declaración pública de los ingresos y propiedades de los cargos públicos ha formado parte de la disputa política, sobre todo en los últimos años.

En Madrid, Rafael Simancas, portavoz socialista en la Asamblea, pidió, por última vez, en noviembre pasado a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, una declaración pública de su patrimonio. La reclamación del candidato socialista se produjo después de que Aguirre declarase en una biografía autorizada que su sueldo no era suficiente para llegar a fin de mes. En 2003, Simancas hizo públicos sus bienes entre los que se encontraban dos coches, dos chalés y una cuenta corriente de 30.000 euros.

En Extremadura, la publicidad del patrimonio de los cargos públicos es regulada por una ley de 1996. El código legal extremeño obliga a los miembros del gobierno, alcaldes, concejales e incluso a los familiares directos de los altos funcionarios a declarar de manera oficial y pública "cualquier variación del patrimonio durante el ejercicio del cargo".

En Cataluña, los diputados están obligados por ley (como en todos los parlamentos de España) a realizar una declaración de actividades y de bienes patrimoniales, pero en el segundo caso no son de uso público y, por tanto, están exentos de darlos a conocer a la opinión pública.

Lo mismo sucede en el parlamento vasco, que funciona con un reglamento de 1990. Se obliga a declarar a los diputados todas las actividades y bienes con el fin de detectar posibles incompatibilidades.