La regularización extraordinaria ayudó a Palate y Estacio

La regularización extraordinaria que puso en marcha el Gobierno socialista durante el año 2005 para otorgar permisos de residencia y trabajo a los inmigrantes que acreditaran un contrato de empleo y un plazo determinado de estancia en España benefició a Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio, los dos ecuatorianos a los que alcanzó la bomba que ETA hizo estallar en el edificio de aparcamientos de la nueva terminal del aeropuerto de Barajas. Ambos regularizaron su situación en España en aquellas fechas.

Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio habían estado como irregulares en España y consiguieron los papeles que deseaban en el proceso de normalización que impulsó el Gobierno para dar salida a un millón de irregulares que vivían en España.

Diego Armando Estacio, cuyo cuerpo fue hallado en la madrugada de hoy entre el amasijo de hierro y cemento que dejó la bomba en el estacionamiento de Barajas, había pedido la regularización el 6 de mayo de 2005 en Madrid, un día antes de que concluyera el plazo que el Ministerio de Trabajo aplicó para el proceso extraordinario.

La administración le concedió los permisos para residir y trabajar en España dentro de la Ley en agosto de ese mismo año, un permiso inicial de un año que caducó en octubre de 2006.

Estacio solicitó ese mismo mes la renovación de sus permisos, que le fue concedida por dos años más aunque todavía no le había sido notificada.

Por su parte, Carlos Alonso Palate, cuyo cuerpo fue rescatado de los escombros en la madrugada del miércoles al jueves pasado, había solicitado la regularización en la ciudad de Valencia y también le había sido concedido en agosto de 2005.

Había solicitado la renovación por dos años en octubre pasado, y ya había recibido la notificación de que había sido concedida. Diego llevaba en España cinco años, con lo que habría permanecido aproximadamente dos años en situación irregular.

La familia del ecuatoriano Carlos Palate recibirá aproximadamente una indemnización de unos 240.000 euros, en cumplimiento de las dos leyes vigentes que regulan las indemnizaciones para las víctimas del terrorismo, según informaron a Europa Press fuentes del Ministerio del Interior.

La familia de Diego Armando Estacio también recibirá la indemnización una vez que ha sido localizado el cuerpo del ciudadano ecuatoriano.

Dos normas legales regulan en España las indemnizaciones a las víctimas. Se trata de la Ley de solidaridad de 1999 y otra anterior de 1996. Por la primera, las familias de la víctima reciben una cantidad fija por fallecimiento de 138.232 euros. Esa cifra se reparte dependiendo de la composición de la célula familiar. Si el fallecido tiene esposa o pareja de hecho, le corresponde la mitad y el resto a los hijos. En el caso de que la víctima no tenga ni esposa ni hijos, son los padres los que reciben la indemnización. Por su parte, la ley de 1996 sobre víctimas del terrorismo, establece variables en la indemnización en función de las circunstancias. Garantiza el pago a la familia de 130 mensualidades del salario mínimo vigente y otras 20 mensualidades por cada hijo menor de edad. Esas cantidades se pueden incrementar hasta un 30% dependiendo de las circunstancias socioeconómicas de la familia.