"Queremos trabajar para vivir"

"No somos delincuentes. No tenemos problemas aquí ni con la policía ni con la gente. Queremos trabajar para vivir y no sobrevivir todos los días". Oussmane Diouff, senegalés de 41 años y afectado por la estafa cometida por una de las abogadas implicadas, compareció ayer para ofrecer su testimonio directo.

Explicó que, junto a otros inmigrantes, conoció a una letrada que se comprometió a ayudarles para formalizar un contrato, pero que debían pagar "unas tasas por 800 euros". "Confiamos en ella. Nos contactó con un tal Emili, que nos hizo un contrato, pero nos lo denegaron porque la empresa no existía". Diouff relató que interpusieron un recurso administrativo, pero la respuesta fue escueta: "Que no lo mirarían porque la empresa era ficticia". Luego tramitó la denuncia judicial, de la que no ha recibido contestación.

Este inmigrante sólo reclamó "papeles" para trabajar en Euskadi "y poder volver de vacaciones" a su país "y ver a la familia". Aseguró que es creyente. "Pensamos que estamos aquí porque Dios así lo quiere y es nuestro destino", apuntó.

Oussmane Diouff destacó que la irregular situación en que se encuentran les impide acceder a trabajos para los que han sido reclamados. "Y hay una persona que vive bien con nuestro dinero". En su relato no dejó de criticar a las instancias judiciales que "miran a otro lado" y reclamó a las instituciones que actúan "para que esto no se repita".

La pasividad en este caso se refleja en las propias diligencias. Una subinspectora de Trabajo declara que se le ordenó acudir a la sede de una de las empresas implicadas. Tocó el timbre del portero automático y fue recibida por una persona que aseguró no conocer la empresa. Llamó por teléfono a otra persona y le citó para una entrevista "y no compareció". La subinspectora no realizó entonces más actuaciones.