Legalizar a base de ladrillo

El polémico PAI Vall de la Mar que impulsa la entidad financiera Bancaja en el municipio de Tavernes de la Valldigna divide a más de un millar de propietarios de otros tantos minifundios, la mayoría pequeños huertos, ubicados en los cuatro millones de metros cuadrados donde se proyecta este macrocomplejo urbanístico, que pretende la construcción de 4.000 viviendas, campos de golf, un parque científico-tecnológico y hasta una desalinizadora. El gobierno de Tavernes, que dirige el popular Eugenio Pérez, ha iniciado los trámites del concierto previo para la modificación del actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que pretende recalificar los terrenos de "rústicos no urbanizables" a "urbanizables" y posibilitar con ello propuesta inicial de Bancaja. El proyecto cuenta con el beneplácito de parte de los propietarios afectados por el plan, que desde hace años no sacan provecho económico a las tierras, pero también con la férrea oposición de un grupo importante de dueños de casas ilegales, construidas la mayoría a finales de los años 80 y 90, en primera línea de la costa. Se trata de unas 200 viviendas, a las que sus propietarios no están dispuestos a renunciar, y que han iniciado movilizaciones para detener las pretensiones municipales.

El concejal de Urbanismo en el Consistorio vallero, Antonio Bono, defiende que parte de estas residencias están situadas dentro de la franja de "protección de costas", casetas pequeñas "sin licencia", construidas en zona rústica no urbanizable, que empezaron como casas prefabricadas y que acabaron consolidándose como pequeños chalés. "No disponen de alcantarillado, ni de fosas sépticas, ni tienen servicio de agua, aunque sí de telefonía y de luz, ya que Telefónica e Iberdrola ha autorizado las conexiones", asegura el edil. "El Consistorio ha intentado actuar para su legalización mediante denuncias ante los juzgados y la Fiscalía, pero no han prosperado", lamenta Bono. Precisamente, la situación de "ilegalidad" de estas viviendas es uno de los argumentos que esgrime el gobierno del PP en Tavernes para defender el PAI "Vall de la Mar", que dotará la zona de servicios e infraestructuras elementales. A las movilizaciones contrarias a este macrocomplejo urbanístico se han sumado los grupos de la oposición municipal (Bloc, EU y PSPV), y el proyecto tiene que resolver todavía los informes preceptivos de "impacto ambiental" y "paisajístico", y garantizar el abastecimiento de agua, su financiación y accesos. La oposición critica que el nuevo PGOU "se ha hecho con prisas" y "a espaldas de los agentes sociales".