La agresión a dos maestros se juzgará como delito, con penas máximas de tres años de cárcel

Una juez de Barcelona ha aceptado juzgar como presunto delito de atentado contra funcionarios públicos la agresión que sufrieron dos maestros y un conserje de una escuela de Barcelona por parte de la familia de un alumno. No es la primera vez que esto pasa en España. En Granada ya se han producido incluso una sentencia firme con pena de hasta un año de prisión para una mujer por agredir al profesor de su hijo.

La agresión que se produjo el mes pasado en el Colegio Eduard Maquina, en el popular barrio de Sant Martí de Barcelona, encendió hace dos semanas a los profesores catalanes, que se congregaron para protesta en el centro de Barcelona. Los hechos ocurrieron cuando los padres de un alumno agredieron verbalmente al director, la jefa de estudios y al conserje del centro y luego la madre agredió a la profesora. "La madre me cogió del cuello y el padre decía: 'Mátala, mátala", relató hace unos días la docente G. Z. a este diario.

Inicialmente, el juicio por la agresión a estas tres personas se iba a celebrar como presunta falta. En este caso, la pena podía acarrear el pago de daños a los agredidos y una multa al Estado, ya que la fiscalía ejercía de acusadora. Pero la titular del juzgado de instrucción número 33 de Barcelona ha decidido instruir la denuncia de los agredidos por la vía penal y además como presunto delito de agresión a funcionarios públicos.

Penas y exenciones

Los artículos 550 y 551 del Código Penal estipulan que la pena por agredir a funcionarios públicos pueden oscilar entre uno a tres años de prisión. Pero el artículo 81 de Código Penal establece que el condenado no irá a prisión si ha delinquido por primera vez y la pena no supera los dos años.

En Andalucía, la Audiencia de Granada ha ratificado una sentencia de un Juzgado de lo Penal que en febrero condenó a un año de cárcel a una mujer por agredir e insultar al profesor de su hijo. El juez consideró que existía un delito de atentado contra la autoridad además de una falta por lesiones (el docente recibió golpes en el hombro y la cara de los que tardó 15 días en curar). A pesar de que la acusada se benefició de un atenuante de arrebato, el juez le obligó también a indemnizar con 750 euros al profesor.

Algunos fiscales jefe han dado órdenes de que se pida la vía penal para estos casos. En Cataluña lo ha hecho el fiscal-jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), José Maria Mena. En Andalucía, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Jesús García Calderón, firmó hace 15 días con el sindicato Comisiones Obreras un acuerdo para que el Ministerio Público impulse la consideración de las agresiones a docentes como un delito y no como una falta.