El Parlament defiende ante el Constitucional la legalidad del Estatuto

El Gobierno de la Generalitat y el Parlament han pasado al ataque ante la ola de recursos que cuestionan la constitucionalidad del nuevo Estatuto presentados ante el Tribunal Constitucional. El pasado sábado, el alto tribunal aceptó a trámite los tres últimos recursos, provenientes de las comunidades autónomas de Baleares, Aragón y Valencia, que se suman a los ya presentados por el Defensor del Pueblo, el Partido Popular, Murcia y La Rioja.

Precisamente contra los recursos de estas dos últimas autonomías decidió ayer personarse la Generalitat, que presentará alegaciones ante el Constitucional en los próximos días. Al recurso del PP, será el Parlament el encargado de responder y ayer mismo redactó sus alegaciones contra lo que no dudó en calificar de "burdas manipulaciones y falacias" de los populares. Éstas son algunas de las réplicas del Parlament en defensa del Estatuto:

- Nación. La base de la alegación se fundamenta en el hecho de que la definición de Cataluña, recogida como "nación" en la nueva norma, tan sólo pretende extraer todas las consecuencias jurídicas derivadas de la Constitución, "que diferencia claramente entre nacionalidades y regiones".

Por tanto, aseguran sentir "desazón intelectual" ante la "angostura mental del PP", que, en su opinión, intenta presentar el término como sinónimo de una nación soberana. "Se trata de algo falso, ya que en ningún momento se dice que Cataluña tenga soberanía plena, ni tan siquiera limitada o compartida", denuncian.

- Derechos históricos. Los servicios jurídicos del Parlament también critican la supuesta doble vara de medir del PP: "[Reivindicar estos derechos] es tachado de inconstitucional cuando lo presentamos nosotros, pero no suscita objeción ni crítica cuando son otros textos estatutarios los que lo proponen". Incluso señalan un ejemplo que el PP utilizó en su recurso y "que roza el absurdo": los conservadores denunciaron que en los impresos del Estado donde aparece el epígrafe nacionalidad se deberá poner "catalana". "Pero si nacionalidad no les produce urticaria constitucional", plantea el Parlament, "¿por qué sí lo hace la palabra nación?".

- Lengua catalana. El Parlament sostiene que la equiparación jurídica del catalán con el castellano, así como la inmersión lingüística en la educación no universitaria,son aspectos ya debatidos y validados por el Constitucional. De hecho, recuerda que la Ley de Política Lingüística de 1998 no fue recurrida, "pese a que manifestaba perseguir la igualdad legal entre ambas lenguas".

En el caso del reconocimiento del derecho a recibir la enseñanza sólo en catalán, se remite a la Ley de Normalización Lingüística de 1983 como justificatoria, ya que fue recurrida en 1994 y el mismo tribunal declaró su adecuación a la Constitución.

- Financiación. "Hubiéramos podido realizar un convenio o concierto con toda la legitimidad", alega el Parlament. Y sin embargo, se apostó por un modelo mixto. De ser recurrido, "será Cataluña la discriminada con respecto a las otras comunidades autónomas", se señala en el recurso.