El juez ordena el ingreso en prisión de cinco ex concejales de Marbella por delito urbanístico en el 'caso Proinsa'

El juez titular del Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga, Javier Soler, dictó el pasado viernes un acto de ejecución de sentencia que ordena el ingreso en prisión de cinco ex concejales de Marbella por un delito urbanístico, en el llamado caso Proinsa, al autorizar una licencia de obras para construir 150 viviendas, garajes y locales en una zona verde, junto al Palacio de Congresos, al comienzo de la llamada milla de Oro de Marbella.

La sentencia condenaba a un año de prisión a los ex ediles del GIL Juan Antonio Yagüe, hermano de la ex alcaldesa Marisol Yagüe, Mario Jiménez, Manuel Calle, Dolores Zurdo y María Luisa Alcalá. Esta última ingresó anoche en la prisión malagueña de Alhaurín de la Torre. El resto estaba previsto que ingresaran también anoche. En la resolución judicial también se condenaba al ex alcalde Julián Muñoz y al ex concejal Rafael González a la misma pena, pero ambos se encuentran en prisión preventiva por el caso Malaya.

En su auto, el juez rechazaba la suspensión de la pena mientras se tramitaba la petición de indulto, como habían pedido los abogados, por lo que en la resolución se decreta "su detención o busca y captura". Ante esto, fuentes de la defensa de varios ex concejales indicaron que les habían recomendado que se presentaran voluntariamente en prisión, y su ingreso se puede producir en cualquier centro penitenciario del país durante los próximos días. Los letrados señalaron que, no obstante, se presentarán los recursos pertinentes contra dicha resolución.

La sentencia del caso Proinsa fue dictada en octubre de 2005 por el Juzgado número 5 de Málaga, y confirmada el pasado 6 de junio por la Audiencia Provincial. Los hechos ocurrieron el 29 de enero de 1999, cuando la Comisión de Gobierno que presidía Muñoz como alcalde accidental de Marbella autorizó una licencia de obras a la empresa Promoción de Edificaciones Industriales SA (Proinsa) para construir. La Sala destacó que no llegaba a "comprender qué razones o intereses oscuros llevaron a los acusados" a aprobar el PGOU de 1998 y que eran "perfectamente conocedores de que su conducta no era ajustada a derecho" y por tanto a la "legalidad urbanística".