División en Estrasburgo
La resolución sobre el proceso de paz en el País Vasco, presentada por los socialistas y apoyada por otros grupos del Parlamento Europeo, fue aprobada ayer por una exigua mayoría; tan exigua que con toda probabilidad los promotores de la misma se habrían abstenido de plantearla si hubieran sabido que ése iba a ser el resultado. La drástica división (321 votos frente a 311, con 24 abstenciones) manifestada en la votación contrasta con la argumentación, en gran parte coincidente, empleada por los patrocinadores de las propuestas alternativas presentadas. Ello hace pensar que un acuerdo unánime en torno a una resolución consensuada habría sido posible.
La propuesta inicialmente presentada por los socialistas era bastante inocua (adhesión a los pronunciamientos de otras instituciones, condena del terrorismo, apoyo a las víctimas), pero incluía una referencia a la resolución aprobada por el Congreso español en mayo de 2005, contra la que votó el PP. En esa resolución se habla de un posible diálogo con ETA si aparecen actitudes inequívocas que indiquen una clara voluntad de abandonar las armas. Mantener esa referencia horas después del robo (atribuido a ETA) de 350 pistolas en Nîmes habría sido problemático. Los socialistas la retiraron la noche anterior a la votación, sustituyéndola por una mención genérica a la "iniciativa de paz emprendida por las instituciones españolas en el marco de sus competencias", que hubiera podido ser respaldada por el PP si la voluntad de acuerdo hubiera sido mayor que la de poner en evidencia a los socialistas.
Pero no la respaldó, y tampoco la planteada in extremis por el portavoz de los socialistas españoles de retirar ambas propuestas de resolución y votar la declaración institucional leída en nombre de la Comisión Europea por el responsable de Interior y Justicia de la misma, Franco Frattini. Para entonces, la tensión y clima de división eran considerables, pese a que los discursos de los portavoces de los dos grupos principales habían sido más complementarios que contradictorios, aunque pusieran el acento en diferentes aspectos de la cuestión.
El argumento central de la propuesta del Grupo Popular europeo es que no se dan las condiciones para el diálogo establecidas en la resolución del Congreso español de mayo de 2005; pero es una resolución que el PP no votó entonces. ¿No hubiera sido posible, e incluso oportuno tras lo de Nîmes, una fórmula en la que se reafirmasen las condiciones para una solución dialogada? Seguramente sí, pero el acuerdo habría debido comenzar a forjarse mucho antes. Porque hay iniciativas que sólo tienen sentido si existen garantías de que contarán con un amplio acuerdo. Llevar esta cuestión a Estrasburgo sin un intento previo de consenso entre los dos principales partidos españoles ha sido un error. Así lo demuestra la votación de ayer.
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