Bruselas ultima un expediente a España por las condiciones en la OPA de E.ON

La falta de respuesta de España a la decisión de Bruselas que le conminaba a retirar 18 de las 19 condiciones fijadas por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) en la OPA de E.ON sobre Endesa han colmado la paciencia de las autorices comunitarias.

El pasado 26 de septiembre, la Comisión Europea requirió a España para que retirase "sin dilación", las citadas condiciones, por considerar que constituían una violación al derecho de libre establecimiento y una barrera a la circulación de capitales.

Transcurridas tres semanas sin que se tenga constancia de una respuesta por parte de España, la comisaria de Competencia, Neelie Kroes, tenía previsto presentar hoy al Colegio de Comisarios la apertura de un expediente de infracción. Fuentes de la Comisión consideraban ayer muy probable la aprobación del expediente sancionador contra España por incumplir un acuerdo del Ejecutivo comunitario.

La Comisión había autorizado sin condiciones la OPA del gigante alemán contra la primera eléctrica española, el pasado 25 de abril, tras considerar que se trataba de una operación de dimensión comunitaria. En estos supuestos si un Gobierno quiere intervenir en la operación por estimar, como fue en este caso, que la fusión de ambas compañías era un peligro para la seguridad energética nacional, debía comunicar primero a Bruselas sus objeciones, según advirtieron reiteradamente los responsables de Competencia de la Comisión.

A principios de octubre, la Comisión volvió a recordar a las autoridades españolas la necesidad de cumplir el mandato comunitario. Si España no acataba la decisión, Bruselas tomaría las medidas para su ejecución.

Tres pasos

El procedimiento de infracción consta de tres pasos. Primero "carta de emplazamiento" que describe los hechos y apremiando el cumplimiento de la decisión. Después "aviso motivado", reiterando la obligación con una acusación más formalizada jurídicamente, y en tercer lugar "envío del caso al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas". Los plazos de tiempo para responder en cada caso los fija la Comisión.

El portavoz de Competencia había advertido también de que la decisión del Ejecutivo Comunitario del pasado 26 de septiembre era "jurídicamente exigible", que debía ser "adoptada inmediatamente por las autoridades españolas".

"Si no la aplican", añadió entonces, "podríamos abrir un procedimiento de infracción, que podría acabar en el Tribunal Europeo de Justicia".

Bruselas confiaba en que España atendiera su requerimiento en la resolución de los cinco recursos presentados por varias empresas contra las decisiones de la Comisión Nacional de la Energía.