El nuevo vástago reabre la cuestión sobre la reforma de la Constitución

El anuncio de que los Príncipes de Asturias tendrán un nuevo descendiente en mayo reabre la polémica sobre la mayor o menor urgencia en reformar la Constitución, de forma que se elimine la actual discriminación en favor del varón a la hora de acceder a la Corona.

El sexo del nuevo descendiente de los príncipes de Asturias no plantea, en el corto plazo, ningún problema jurídico constitucional. Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional, advierte de que un posible descendiente varón "no nace con un derecho adquirido a la sucesión en la Corona". Sólo "cuando don Felipe de Borbón acceda al trono" será necesario plantearse el orden sucesorio.

La Constitución de 1978, en su artículo 57, estableció la preferencia del varón sobre la mujer en el orden sucesorio. Eso explica que el heredero de don Juan Carlos de Borbón sea el príncipe Felipe y no su hermana mayor, la infanta Elena.

El actual Gobierno ha planteado una reforma constitucional en la que se incluye la supresión de tal discriminación. Todos los partidos con representación parlamentaria se han mostrado de acuerdo, pero el legislador constitucional, en 1978, quiso apuntalar la estabilidad de la Monarquía y estableció un sistema hipergarantista para reformar el título referido a la Corona (artículos 56 al 65), de modo que cualquier modificación del mismo exige que la aprueben por mayoría cualificada de dos tercios el Congreso y el Senado, disolver las Cortes y convocar elecciones generales, volver a conseguir el refrendo de las nuevas Cámaras por la misma mayoría de dos tercios y, por fin, someter la reforma a referéndum popular.

Salvar obstáculos

La exigencia de disolución de las Cortes situaría al intento de cambio constitucional al final de una legislatura para hacerlo coincidir con el acontecer político normal, pero la dificultad surge porque, aunque nadie lo ha dicho expresamente, el Gobierno no desea someter a la ciudadanía este cambio en solitario para evitar que pudiera convertirse en una suerte de plebiscito sobre la Monarquía.

Para salvar ese hipotético obstáculo se quiere someter a referéndum conjuntamente, el resto de las reformas impulsadas por el Gobierno, que no precisan de la consulta popular, pero sí del acuerdo con el PP, ya que es necesario conseguir los tres quintos de los votos en el Congreso y en el Senado. Nada indica que el PP esté dispuesto a votar el resto de las reformas, por ejemplo la del Senado.

En enero de este año el Consejo de Estado emitió un informe, a petición del Gobierno, sobre las modificaciones constitucionales y proponía redactar el artículo 57.1 de la siguiente forma:

"La Corona de España es hereditaria en los sucesores de don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono corresponde a su hijo, el Príncipe heredero don Felipe de Borbón, y después a los sucesores de éste según el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; y en el mismo grado, la persona de más edad a la de menos".

Así se aseguraría la sucesión a favor de don Felipe de Borbón y, a partir de él, se eliminaría la actual discriminación. El propio Consejo advertía que esa reforma "no tendrá aplicación alguna" hasta que llegue la "segunda sucesión en el trono", es decir, hasta que don Felipe sea Rey, lo cual, añade, "no excluye la conveniencia de efectuarla sin más demora" que "el interés público".