Trabajo anula 7 bajas por incapacidad investigadas en la Operación Karlos

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha retirado siete de las 15 pensiones que ha investigado de la Operación Karlos, el supuesto fraude descubierto en Cádiz para obtener prestaciones por incapacidad laboral. Sólo cuatro de los expedientes analizados cumplían todos los requisitos. Los dos principales implicados en esta trama han salido en libertad bajo fianza tras anular el juez algunas escuchas telefónicas de la investigación.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales informó ayer en un comunicado de que el número inicial de casos que el sumario identificaba como susceptibles de revisión eran 12, pero con fecha 31 de julio el Juzgado de Instrucción 1 de Cádiz pidió la revisión de otros tres expedientes.

Además de las siete pensiones retiradas (cuatro de incapacidad permanente absoluta y tres de incapacidad permanente total), la Seguridad Social ha denegado dos expedientes de incapacidad permanente que se encontraban en trámite y ha revisado el grado de incapacidad inicialmente declarado en otros dos casos que pasan de incapacidad permanente absoluta para toda profesión a incapacidad permanente total para la profesión habitual, con la consiguiente variación de la pensión.

En el resto de las pensiones y expedientes revisados, los beneficiarios cumplían todos los requisitos. En algunos de estos casos, los interesados confirmaron que se abusó de su buena fe para ayudarles a conseguir unas prestaciones a las que por sus circunstancias tenían derecho.

En la Operación Karlos, la Guardia Civil detuvo en Cádiz a una treintena de personas como presuntas autoras de delitos de fraude a la Seguridad Social, cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental.

Entre ellos se encontraban los supuestos cabecillas de la trama: el inspector médico Francisco Casto y el ex jefe de la Policía Local de Ubrique (Cádiz) Carlos Carretero, imputados ambos y en libertad bajo fianza desde mediados de agosto, tras pasar cuatro meses en el penal de Puerto II, en El Puerto de Santa María. Ambos salieron de la cárcel después de que el juez que investiga el caso anulase algunas de las escuchas que se hicieron en el arranque de la investigación. La Operación Karlos es una derivación de otra investigación contra las facturas falsas (Operación Halcón). Los abogados defensores han pedido la anulación de todas las escuchas.

Las investigaciones comenzaron en octubre de 2005, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de que Carlos Carretero podría estar implicado en una trama organizada dedicada a la concesión de pensiones por incapacidades laborales mediante procedimientos ilegales y que podría estar encargado de captar a personas interesadas en obtenerlas.

Esta persona contaba con la supuesta connivencia de un inspector médico, Francisco Casto, que se apoyaba en determinados facultativos para ofrecer bajas e informes médicos falsos y se encargaba de supervisar estos documentos mediante el cobro de cantidades de dinero que oscilaban entre los 9.000 y los 24.000 euros.

La mayoría de los beneficiarios que obtuvieron o intentaron obtener estas pensiones por incapacidad laboral son de la comarca de la sierra gaditana. Entre ellos, se encontraba la esposa del torero Jesulín de Ubrique, María José Campanario, en libertad bajo fianza de 12.000 euros