Seis meses de desencuentros

La Fiscalía de Santa Cruz ha recibido, en menos de seis meses, demandas de investigación sobre la actuación de la mayor parte de las empresas extranjeras que tienen concesiones petroleras en Bolivia, pero principalmente de la española Repsol y la brasileña Petrobras, las mayores exportadoras de gas boliviano. Bolivia representa el 1,5% del resultado operativo de Repsol, que controla en el país una reservas netas de 300 millones de barriles equivalentes de petróleo (bep), con unas inversiones de 450 millones de euros.

La primera y la más importante de esas demandas, por la importancia de los implicados en ella, está referida al supuesto contrabando de hidrocarburos. En este caso están involucrados el responsable de Repsol YPF en Bolivia, Julio Gavito, y el ejecutivo Pedro Sánchez, investigados por presunto contrabando entre 2004 y 2005, por un total de 9,2 millones de dólares (unos 7,2 millones de euros). El pasado 9 de marzo, los fiscales registraron las oficinas de Repsol en Santa Cruz con el objetivo de requisar documentos y detener a Gavito y Sánchez. Ambos estuvieron desaparecidos cinco días, hasta que se entregaron a la Justicia. Los ejecutivos salieron en libertad bajo fianza, y ahora están a la espera del informe fiscal que determinará si debe realizarse un juicio ordinario o administrativo. Los fiscales tienen hasta el próximo mes de septiembre para elevar un informe respecto a las investigaciones sobre esta demanda, presentada por la Aduana boliviana. Gavito renunció a su puesto en la compañía y, como Sánchez, tiene prohibido abandonar el país.

Las autoridades españolas han intentado suavizar los problemas entre ambas partes

Otra de las investigaciones tiene que ver con la presunta evasión de impuestos de importación de maquinaria para una planta en el campo petrolero de Margarita, que Repsol adquirió por un contrato llave en mano. El proyecto estaba a cargo de Ballyco, contra quien la petrolera ha presentado una querella por estafa.

La tercera demanda, que también está en curso y es la que ha causado la actual crisis, indaga sobre la supuesta estafa al Estado boliviano por la suscripción de un contrato de venta de gas entre Andina, subsidiaria de Repsol, y Petrobras, en octubre de 2002. El argumento fiscal es que se ha burlado la fórmula de reajuste periódico del precio de gas que se exporta a Brasil, causando un supuesto daño entre 160 y 190 millones de dólares (entre 125 y 148 millones de euros).

Por otra parte, la diputada del oficialista Movimiento al Socialismo Milena Aracely Hinojosa presentó una querella contra Repsol YPF Gas Bolivia ante la Fiscalía General en la ciudad de Sucre, sede de la Corte Suprema de Justicia, para que se devuelva 37 millones de dólares (28,9 millones de euros) que recibió entre 2002 y 2004 de la subvención estatal al precio del gas licuado. Repsol YPF rechazó inmediatamente esta acusación.

Las autoridades españolas han tratado de suavizar las accidentadas relaciones de la petrolera con las autoridades bolivianas. El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Bernardino León, visitó en mayo La Paz para conocer los alcances de la nacionalización de hidrocarburos, anunciada por el presidente Evo Morales el día 1 de ese mismo mes. Después de reunirse con Morales, León subrayó que aún era "pronto" para saber si las empresas nacionalizadas se quedarían o no en el país, pero expresó su confianza en que se produjera una negociación "con confianza y lealtad" entre ambos Gobiernos.

A comienzos de agosto, Morales y la vicepresidenta del Gobierno español, Maria Teresa Fernández de la Vega, aseguraron a la prensa que existía plena confianza en que las empresas petroleras de ambos países iban a lograr acuerdos positivos y de mutuo interés.

Un par de semanas después se produjo un nuevo allanamiento a las oficinas de Andina en Santa Cruz, con la incautación de documentos a fin de que los fiscales puedan probar que se ha registrado una operación dolosa en contra del Estado boliviano.