El fiscal del TSJA solicita cárcel para dos empresarios por usar mano de obra irregular

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha solicitado tres y dos años de prisión, respectivamente, para dos empresarios de la construcción que utilizaban como peones y albañiles a mano de obra irregular. La Fiscalía, que en su última memoria, correspondiente al año 2005, ya advirtió del preocupante incremento de este tipo de delitos en Andalucía, imputa a cada uno de los empresarios, un español y un argentino, un delito contra el derecho de los trabajadores.

El primer acusado, M. A. M., propietario de la empresa Master Construcciones, contrató entre febrero y mayo de 2005 a un número no determinado de bolivianos que vivían en España sin permiso de trabajo ni de residencia. El acusado les dio trabajo en obras de la periferia de Granada y, en todos los casos y "aprovechando la circunstancia de su estancia irregular", según la denuncia del fiscal, la contratación se realizó verbalmente y sin concretar la duración del acuerdo, las gratificaciones extraordinarias, la jornada laboral y las vacaciones.

El empresario supuestamente pactaba con cada uno de ellos un jornal y les prometía que les ayudaría a regularizar su situación en España. "En la mayoría de los casos, el salario no fue pagado o fue aminorado sustancialmente", señala el fiscal, quien acusa también al empresario de "amenazar" a los trabajadores con denunciar su situación "de ilegal" ante las autoridades españolas. Por esta actuación, el Ministerio Público solicita una pena de tres años de prisión para el empresario.

El mismo tipo de acuerdo estableció en agosto de 2004 el segundo acusado, D. R. P., dueño de la empresa Multiservicios Granada, con un boliviano que también estaba de forma irregular en España. El empresario, para el que el fiscal pide dos años de cárcel, hizo "caso omiso" de las reclamaciones que le hizo el trabajador para que le pagara todo lo pactado y le ayudara a regularizar su situación, según la acusación del fiscal. El Ministerio Público cifra en 1.750 euros la cantidad adeudada por el acusado al trabajador.